La Guardia Civil de Huelva ha arrestado a un hombre por los delitos de sustracción, tenencia, depósito y tráfico de explosivos y ha relacionado con el hecho delictivo a otros dos hombres más, trabajadores de una explotación minera de la localidad de Riotinto, por su posible implicación en el asunto.

La operación Antracita, nombre con el que se ha bautizado al operativo, dio sus primeros pasos en enero de este año. Fue entonces cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de que personal de la empresa minera podía estar implicado en "actividades irregulares", según expresó ayer la Benemérita en un comunicado, ya que los agentes supieron que se habían utilizado explosivos de la explotación riotinteña cuando observaron el desarrollo de unas obras particulares en una finca de Santa Ana la Real.

De aquí partió la investigación, que acabó destapando el origen de las sustancias explosivas y que permitió tirar del hilo a los agentes, que pusieron de inmediato los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.

El juez encargado del caso autorizó a los investigadores la entrada y registro de una finca propiedad del hombre después detenido. En ella llegaron a aprehender 1.864 gramos de sustancia explosiva (pentrita y TNT), 23 detonadores y 530 metros de tubo de transmisión para voladuras.

El Grupo de Desactivación de Explosivos de la Comandancia de Huelva (Tedax) se encargó de intervenir el material y ponerlo a buen recaudo tras asegurarlo. Inmediatamente el propietario de la finca fue arrestado y puesto a disposición judicial.

Según detalló ayer la Guardia Civil, esta operación es fruto de las acciones de inteligencia enmarcadas dentro del Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (Picaf) de la Benemérita que, al ser el Cuerpo que a nivel nacional tiene encomendada en exclusiva la competencia sobre el control de las armas y explosivos, ejerce un control exhaustivo sobre las mismas, haciendo un seguimiento muy estrecho de este tipo de conductas ilegales. Con la presente actuación, la Guardia Civil ha conseguido impedir que el explosivo incautado pudiera ser utilizado de forma irregular, así como su posible desvío al mercado negro, con las consecuencias imprevisibles y graves que ello puede traer consigo para la seguridad ciudadana.

La empresa adjudicataria del contrato de voladura y perforación de la mina, Insersa, reconoció a Huelva Información que "los trabajadores eran empleados suyos cuando ocurrieron los hechos, siendo el detenido la persona que custodiaba los explosivos". Además de "felicitar a la Guardia Civil por una actuación impecable en materia tan sensible para la seguridad", Insersa quiso dejar clara su "disposición a colaborar con las autoridades competentes hasta el total esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades que se deriven de ellos" y anunció que "se presentará como acusación particular en los próximos días".