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Los despidos improcedentes del ERE municipal cuestan a Isla Cristina 800.000€

  • El TSJA confirma en cascada las condenas, con base en que el Ayuntamiento no indemnizó a los 80 afectados tras la extinción de los contratos. Ya se ha abonado la mitad; el resto, en este ejercicio

Trabajadores incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo, en el salón de plenos del Ayuntamiento isleño en 2016.

Trabajadores incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo, en el salón de plenos del Ayuntamiento isleño en 2016. / Jordi Landero (Isla Cristina)

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está confirmando en cascada las sentencias de la jurisdicción laboral de Huelva sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) llevado a cabo en 2016 en el Ayuntamiento de Isla Cristina, que conllevó el despido de 80 trabajadores de la plantilla. Estas resoluciones ordenan la readmisión o la indemnización a los empleados perjudicados, al haberse declarado improcedentes la rescisiones de los acuerdos laborales.

El motivo: que en su momento el Consistorio no pagó la indemnización por la extinción de contratos al personal laboral afectado. "La Administración, (...) si efectúa un despido objetivo, debe poner a disposición del trabajador de forma simultánea a la entrega de la comunicación la indemnización correspondiente y, si no puede hacerlo, ha de mencionar en la carta la falta de liquidez que se lo impide, sin que valgan las referencias genéricas como es la falta de liquidez vinculada a la situación económica del Ayuntamiento", consta en una de estas sentencias a la que ha accedido Huelva Información.

Dice el tribunal andaluz que dicha falta de liquidez debe ser "real" y "estar justificada" y debidamente comunicada en la carta de despido individual, "anunciando la imposibilidad de poner a disposición del trabajador la indemnización a su cargo, lo que en modo alguno realizó" el Consistorio isleño. Así que el incumplimiento de esta obligación "determina la improcedencia del despido".

La Administración local solo ha readmitido a cinco de estos empleados municipales afectados por el ERE, aquellos cuyos contratos fueron declarados nulos, indica a este diario el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta.

Con los 75 restantes se ha optado por el abono de las correspondientes indemnizaciones, un montante que asciende a 800.000 euros, de los que el Consistorio ha abonado ya la mitad a lo largo de 2019.

"Estas son las herencias que nos han dejado, es un gasto con el que no contábamos", señala el regidor municipal, que ha tenido que apechugar con el legado de la independiente Antonia Grao (en coalición con el popular Francisco González y la independiente Montserrat Márquez), que fue quien lo ejecutó en 2016.

En los Presupuestos de 2020 "incluiremos los 400.000 euros que faltan porque para mí es prioritario pagar a estas personas y saldar la deuda", subraya Orta. A día de hoy "estamos pudiendo pagar, pero ese dinero lo gastaría en otras cosas", lamenta.

Con la extinción de estos empleos se ha reajustado la plantilla municipal isleña, que por orden del Tribunal Supremo no puede rebasar los 176 trabajadores. Llegó a tener 250.

El Ayuntamiento isleño estará intervenido hasta el año 2033

La solicitud de un préstamo aplicable al Fondo de Financiación por 2,4 millones de euros para zanjar –el pasado año– la deuda contraída en el anterior mandato con la empresa de limpieza Acciona ha incrementado la duración del Plan de Ajuste. "El Ayuntamiento estará intervenido hasta 2033", enfatiza el alcalde, que tiene el propósito de reducir el déficit para "equilibrar" la situación de las arcas municipales y no dilatar más el plazo. "Es difícil, teniendo en cuenta que no tenemos apenas ingresos".

Así que en este momento la situación es la siguiente: "Este año se jubilan unas doce personas y sacaremos la oferta pública de empleo" para cubrirlas, pero además "tenemos unas 35 bajas, varias de policías, por lo que estamos bajo mínimos de personal".

La coyuntura solo permite la contratación temporal cuando la financiación procede de otras administraciones, caso de los empleos de refuerzo que se generan en verano. Pero son insuficientes para atender con solvencia las labores municipales.

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