La Mancomunidad Condado-Campiña, vulgarmente conocida como la de Caminos, continúa siendo un ente 'fantasmal' sin función ni beneficio, obligada a deambular en estado vegetativo y sin poder brindarle debida sepultura debido a la deuda que acumulan los ayuntamientos de Beas, Bollullos, Escacena y Lucena del Puerto. Los 265.550 euros que han de poner sobre la mesa estas corporaciones impiden hacer efectiva el acta de defunción de una entidad a la que los líderes políticos optaron por practicarle la eutanasia en noviembre de 2008 a fin de cortar una hemorragia de números rojos que ascendían a 713.186 euros.

Dos años más tarde, de los 16 municipios que continuaron en la entidad hasta la ejecución de la disolución, 12 ayuntamientos han desertado de sus filas tras ponerse al día en sus cuotas y abonar, además, 29.751 euros que habrían de resolver los 454.522 en los que se cifraban los pagos atrasados a los proveedores y las correspondientes indemnizaciones a los trabajadores.

El conflicto laboral se mantiene enquistado en la entidad después de que se optara por finiquitar sus contratos con indemnizaciones para tres de ellos por valor de 65.100 euros. Dichas obligaciones quedaron reconocidas en un convenio entre las partes vinculados y condicionados a que los ayuntamientos hiciesen efectivos sus pagos. El resto de la plantilla correría mejor suerte, el gerente se prejubilaba, al igual que otro de los conductores tras ejercer dos años de servicio. Otros dos operarios hicieron lo propio en la Mancomunidad de Aguas del Condado, mientras que un quinto trabajador pasó a engrosar la plantilla del Ayuntamiento de Rociana.

El alcalde de Bollullos, Francisco Díaz, replica que el municipio que preside siempre se mantuvo al día en las cuotas, por lo que si ahora se le reclama 29.751 euros delata que quienes estuvieron al frente de la entidad llevaron a cabo una gestión "deplorable y ruinosa". Beas, Bonares, Chucena, Escacena, Lucena, Niebla, Paterna, Trigueros y Villalba del Alcor no estaban al corriente en los pagos, si bien aun respondiendo a la obligaciones contraídas, la Mancomunidad seguiría siendo una máquina de fundir dinero.

El alcalde de Niebla, Francisco Viejo, no tenía dudas sobre el origen del problema y acuñó la frase de que "aquí hay más jefes que indios" y aseguraba que los costes de gerencia y personal político superaban los de los conductores y, entre tanto, "las máquinas paradas y sin servicio". Las cuentas se vieron salpicadas por la polémica cuando se reconoció una deuda por valor de 3.576 euros por las cuotas sindicales a UGT, lo que motivó que los alcaldes del PA recriminasen el que las afiliaciones las pagase la Mancomunidad en vez de los trabajadores.

En 2007 la entidad ya se encontraba en estado vegetativo, ni siquiera había liquidez para pagar la gasolina de las máquinas que arreglaban los caminos, que incluso repostaban con cargo a las arcas municipales. Para evitar una nueva sangría económica se confió los órganos de gestión a los responsables de la Mancomunidad de Aguas del Condado, que presidía Carlos Sánchez, que tan sólo intervino para proceder a realizar la extrema unción al enfermo. El 13 de junio de 2008 se celebró una sesión extraordinaria con un único punto del día iniciar el proceso de disolución y liquidación de la Mancomunidad.

Manolo Mora, alcalde de Lucena, recuerda que ellos tienen recurrida la "ilegal" escisión de la Mancomunidad Condado-Campiña, como en su día hiciesen con Aguas del Condado. Alega que "nadie ha aclarado dónde han ido a parar los activos de la entidad", ya que entiende que los socialistas "han repartido únicamente las miserias o, lo que es lo mismo, las deudas".

El edil recuerda que cuando los independientes accedieron a la alcaldía en 2007, "el ente supramunicipal llevaban 4 años sin ofrecer ningún servicio en mi localidad" a la par que se encontraba literalmente "quebrada, aunque el registro de gastos no aparece por ningún lado".

En retrospectiva los socialistas reconocen errores en la gestión de la entidad y más concretamente en la propia naturaleza del proyecto, que califican de "entelequia". Ello derivó en una pérdida de la fe en sus servicios y sólo Almonte, Bollullos, Hinojos y Manzanilla abonaban religiosamente sus cuotas.

Precisamente estas fuentes en retrospectiva detallan que el arreglo de caminos habría de ser un servicio que prestase administraciones como la Diputación provincial, toda vez que las mancomunidades han logrado subsistir en función de las generosas aportaciones europeas. Es más, Condado-Campiña se creó en 1988 alegando sus fundadores que, debido a que no era rentable que un ayuntamiento contase con una máquina y un conductor en la plantilla municipal, era conveniente la unión para la prestación del arreglo de caminos. Veinte años más tarde municipios como Rociana del Condado adquirió una de las máquinas a la entidad y asumió los derechos laborales. Es decir, se optó por una medida que desecharon hace dos décadas y, en medio del camino, jalonando todo un reguero de deudas.