El alcalde de Lepe, Manuel Andrés González, aseguró ayer que no dejará "desamparados" a los vecinos afectados por las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la calle Peral, cuyo derribo ha sido ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), así como estos propietarios critican que las casas están actualmente "llenas de ocupas".

González indicó que esta sentencia "nace de la declaración de ruina" por parte del Ayuntamiento de la localidad y obliga a demoler los inmuebles. En este sentido, aseguró que, "aunque lo normal es que el derribo lo acometan los propietarios", desde el consistorio entienden que ellos "son los más perjudicados".

Además, el primer edil indicó que, para evitar la presencia de ocupas en las viviendas, "se han cerrado con ladrillos las puertas y ventanas" pero lamentó que "no han servido de nada".

Por su parte, el portavoz de los afectados, Joaquín Serra, apuntó que estas viviendas "son actualmente un peligro", así como criticó que se están tomando "como guarida de drogas" y existe "miedo de que ocurra una desgracia". Por otro lado, fuentes cercanas al caso explicaron que la sentencia del TSJA estima que se deben derribar estas propiedades como medida cautelar y existe un plazo para hacerlo de tres meses.

Estas VPO se derrumbaron en 1998 y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva decretó su ruina en diciembre de 2007.