Agua para sus cultivos. El Condado lo reclamó por enésima vez, tal como ha venido haciendo desde hace más de treinta años. El matiz vino precedido por el masivo respaldo del sector agrícola, representado en los más de 1.200 vehículos (de los cuales 263 eran tractores, según informó a este rotativo fuentes de la Guardia Civil) que acudieron a la llamada de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado.

Se desplazaron desde los términos municipales de Almonte, Rociana, Moguer, Lucena del Puerto y Bonares, más de 4.000 empresarios, agricultores y jornaleros tomaron la aldea de El Rocío para instar, frente a las marismas almonteñas (estampa iconográfica de Doñana), que las administraciones (Junta de Andalucía y Gobierno Central) brinden seguridad jurídica al motor económico de la comarca.

Bajo el lema "Agua ya", el sector fue capaz de gestar una multitudinaria concentración que provocó caravanas kilométricas para llegar a la aldea.

Pero el éxito de la convocatoria no sólo se circunscribe a frías cifras. La Junta de Andalucía, que en el 2004 diseñó y respaldó con el aplauso de los alcaldes socialistas el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad), poniendo así techo a la expansión del regadío en la comarca, se dio ayer una celeridad que no ha mostrado en diez años. El resultado: la aprobación el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos de la Corona Norte de Doñana, regulando con ello 64.457 hectáreas de terreno y calificando como regables 9.340 hectáreas de regadíos, de las cuales 7.250 corresponden a la demarcación de la Cuenta Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el resto, a la del Tinto-Odiel-Piedra. La Junta también señaló que a lo largo de los próximos cinco lustros se destinarán 57 millones de euros para llevar a cabo el desarrollo ordenado y sostenible de los recursos naturales de este entorno.

Los cinco alcaldes (que representan a PSOE, PP e Independientes) coincidieron en que se trata del primer sector en la historia de la democracia de España que es capaz de unir bajo un mismo fin a sindicatos, empresarios, partidos políticos y jornaleros. Esta es la fuerza que enarboló un sector para lograr la publicación del Plan de los Regadíos, que ahora se encuentra a la espera de la autorización del riego en precario.

El presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, reiteró que los agricultores llevan "más de treinta años de espera y de falsas promesas", a pesar de haberse comprometido con su entorno a no incrementar la superficie de riego, cerrar las extracciones subterráneas en cuanto tengan agua superficial, regar con agua localizada y "gota a gota" con las mejores tecnologías, así como realizar riegos nocturnos para evitar la evaporación e impulsar sistemas de recogida del agua sobrante de sus cultivos. Fruto de todo ello, añadió, "tenemos una producción integrada en más del 90% de nuestros cultivos", en los que se prepondera la lucha biológica para el control de plagas".

En consecuencia, el líder social sentenció que "las pretensiones son justas y razonables", por lo que en ningún momento vamos a continuar con el miedo, con la denuncia, con el temor y con la situación extrema que estamos pasando".

Junto a estos argumentos el gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva, Freshuelva, Rafael Domínguez, y su homóloga de Faeca, Natalia Aguilera, coincidieron en la necesidad de garantizar suministro a un motor cuya exportación de frutas del bosque genera 500 millones de euros y mantiene en el Condado a más de 500 empresas de la provincia. Se trata de datos que para el secretario general de FITAG-Huelva, Luciano Gómez, "generan riqueza" y generan 80.000 puestos de trabajo en la provincia.

Tras la aprobación del Plan, la Junta de Andalucía detalló las infraestructuras que en estos momentos se vienen desarrollando para poner en riego cerca de 1.000 hectáreas en los términos municipales de Lucena, Bonares y Rociana; municipios que se abastecerán en un futuro de los 4,9 hectómetros cúbicos de la trasferencia de la cuenca Atlántica a la del Guadalquivir. Ello permitirá sustituir el agua subterránea por los recursos que ofrecerá trasvases, lo que permitirá aliviar el acuífero 27. Para ello se está desarrollando dos proyectos que suman 34 millones de euros, uno a cargo del Gobierno Central y otro que compete a la Consejería, cuya fase de desarrolló se encuentra al 60 por ciento de su finalización.

La administración autonómica destacó que el Consejo de Gobierno ha aprobado igualmente un programa de medidas complementarias, el cual gozará de una dotación de ocho millones de euros para intervenciones en materia de agricultura ecológica, formación, diversificación económica, gestión forestal y prevención de incendios.

Una vez aprobado el plan, el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, y el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, insistieron en que el Gobierno central es ahora el que "tiene que legalizar los riegos". A partir de ahora "la pelota está en el tejado" del Gobierno porque la Junta, con la aprobación de este plan, ha legalizado los terrenos pero es el Ejecutivo central, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el que "tiene que legalizar los riegos, puntualizó Fiscal. Caraballo remarcó que "hoy es un día importante porque después de tanta lucha se ha aprobado este plan y los agricultores necesitaban agua, seguridad y garantías.

Sin embargo, para el portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, "hoy ya no tenía sentido hacer esa movilización", a pesar de que en ella iban tres alcaldes de su partido, ya que "los convocantes sabían que el plan se iba a aprobar".

Desde el PP de Huelva se subrayaba que "estamos trabajando en Madrid para que el Condado pueda tener el agua que reclama, porque la agricultura es un pilar de nuestra economía y debemos potenciarla". Por ello, indicó el secretario general del PP de Huelva y portavoz popular en la Diputación, Guillermo García Longoria, que "no vamos a dejar de trabajar hasta que el agua llegue al Condado".