El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de casación presentado por el Ayuntamiento contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obliga a pagar al Consistorio 1,6 millones de euros por una expropiación.

Los hechos se remontan a 2008 cuando gobernaba el municipio el PSOE, con el alcalde Juan Antonio Millán a la cabeza. Entonces, la junta de gobierno local acordó la permuta de la finca La Barranca en El Rompido con una superficie de 2.455 metros cuadrado, propiedad de C. H. y M. J. A., por unos terrenos situados el sector turístico número 1 que el Ayuntamiento valoró entonces en 1,3 millones. Finalmente la permuta no se llevó a cabo pero los propietarios de la finca, reclamaron el dinero de la expropiación. Así en 2011, éstos presentaron un escrito por el que se instaba el inicio del expediente expropiatorio de la parcela.

El equipo de gobierno recuerda que el proceso es otra herencia del anterior alcalde

Desde entonces se han sucedido los recursos por las partes en litigio sobre el justiprecio y el procedimiento en general, que desembocaron en la sentencia del TSJA. Por un lado, la pretensión del Ayuntamiento ha sido declarar nulo el proceso de expropiación y rebajar la cifra solicitada por los propietarios de la finca. La sentencia atiende en parte cada una de las peticiones. Por un lado valida el procedimiento y por otro redujo la cuantía.

El fallo del TSJA y el Tribunal Supremo forma parte de un proceso expropiatorio en el que se determina judicialmente la cantidad del justiprecio por la falta de acuerdo de las partes para determinarlo, y que desestima parte de las pretensiones de la propiedad, que pedía 3,4 millones de euros, y del Ayuntamiento, que no es partidario de la expropiación, debido a que la situación actual de las arcas municipales no tienen nada que ver con los tiempos de bonanza en los que se inició el proceso.

El actual equipo de Gobierno de Cartaya (Independiente, PP y PA) ha recordado en este sentido, que es un proceso que comenzó con el que gestionaba el Consistorio en 2008, y que se trata de un expediente heredado que desde el Ayuntamiento han intentado pelear en los tribunales con el objetivo de, al menos, pagar lo mínimo posible. Contra la sentencia del Supremo no cabe recurso. El concejal de Urbanismo y teniente de alcalde, Gabriel Maestre, ha asegurado que "de nuevo tenemos que asumir una deuda dejada por la gestión del anterior alcalde del PSOE".