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RiaUmbría recurre ante el TSJA la anulación de la venta de las parcelas de las dos torres de Punta Umbría

  • La empresa promotora se opone al nuevo procedimiento de venta de los terrenos que anuncia el Ayuntamiento

Cartel anunciador de Residencial William Martin. Cartel anunciador de Residencial William Martin.

Cartel anunciador de Residencial William Martin. / H. Información (Huelva)

RiaUmbría, la empresa promotora del proyecto Residencial William Martin, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo 3 de Huelva en la que se anula el acuerdo del Ayuntamiento de Punta Umbría para vender a esta empresa los suelos donde tiene previsto desarrollar este proyecto urbanístico y residencial.

La empresa también ha confirmado que se opondrá al inicio de un nuevo procedimiento de venta de estas mismas parcelas, tal y como ha confirmado el Ayuntamiento de Punta Umbría tras recibir la notificación de esta sentencia. Al respecto, RiaUmbría ha asegurado que agotará todas las vías legales que tiene a su disposición para defender todos los derechos que le asisten como legítima propietaria de los terrenos donde se desarrollará esta actuación.

La promotora considera que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento “se ajustó a derecho y bajo esta seguridad y confianza en un acto aprobado por una Administración pública desembolsó en tiempo y forma las cantidades estipuladas para la compra de estos suelos ubicados en la Avenida Ciudad de Huelva, junto al Cuartel de la Guardia Civil de Punta Umbría”.

La decisión de recurrir esta sentencia ante el TSJA también se sustenta en “las propias dudas” que el magistrado del Juzgado Contencioso-Administrativo 3 de Huelva expresa “en la redacción de la sentencia sobre el fondo de la misma, debido a las dificultades y complejidades que entraña un caso como éste”.

Al respecto, afirma el magistrado en la redacción de la sentencia que “nos encontramos ante una cuestión sumamente controvertida y, desde luego, eminentemente dudosa, cual es la adscripción de los bienes controvertidos al Patrimonio Municipal de Suelo, no existiendo por otra parte motivos para apreciar temeridad o mala fe en la actuación procesal del Ayuntamiento demandado”.

UPU interpondrá acciones penales, contables y patrimoniales contra la alcaldesa y el equipo de gobierno

Por su parte, el portavoz UPU, José Carlos Hernández Cansino, ha anunciado que su formación interpondrá acciones penales, contables y patrimoniales contra la alcaldesa y el equipo de gobierno tras la sentencia. Por un lado interpondrá denuncia penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación, por otro ejercerá la acción contable para reclamar al equipo de gobierno “la devolución al PMS del dinero ingresado por la venta gastado ilegalmente, así como la acción patrimonial para que restituyan a las arcas públicas la indemnización que el Ayuntamiento deba pagar a la empresa por la adjudicación ilegal del proyecto.

Hernández sostiene que “el juez en esta nueva sentencia recalca que nunca debieron adjudicar el proyecto cuando sabían que existía un litigio judicial sobre el mismo” aclarando que esta circunstancia “ha agravado las responsabildades económicas del Ayuntamiento que inicialmente se han cifrado en mas de 6,5 millones de euros”.

El portavoz de UPU manifiesta que “hasta que no finalicen todos los procedimientos judiciales pendientes no se podrá iniciar ningún nuevo procedimiento de venta del suelo” y recuerda que “existen todavía dos contenciosos contra la modificación urbanística que contemplaba las dos torres, uno de ellos interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica por incumplimiento de la ley de costas del proyecto, además de la falta de firmeza de la última sentencia”.

Para Hernández Cansino, “la alcaldesa pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, y ahora que de nuevo se confirma tendrá que pagar primero e irse” y recuerda que “es la quinta sentencia judicial que nos da la razón y que vuelve a constatar la ilegalidad del proyecto”.

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