El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha exigido la dimisión inmediata de la alcaldesa Aurora Águedo tras su decisión de anular el proyecto de las dos torres de 19 plantas reconociendo su ilegalidad mas de dos años después de su aprobación.

En el día de ayer la alcaldesa de Punta Umbría hizo pública la intención de anular la adjudicación de las parcelas de los antiguos depósitos de agua a la entidad RíaUmbría Towers en las que se iba a desarrollar el Residencial William Martin, con la construcción de dos torres de 19 plantas, así como que el Ayuntamiento ha retirado el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 que estimaba la demanda de UPU y anulaba el acuerdo de licitación, y ahora propone llevar al Pleno del próximo 29 de enero el allanarse también a la demanda de UPU contra el acuerdo de los terrenos, reconociendo la nulidad del mismo tal y como ha sostenido esta formación política.

La propuesta de Alcaldía también incluye calcular los eventuales derechos económicos que pudieran corresponder a la empresa por la anulación de la concesión de los terrenos. Para Hernández Cansino, “la alcaldesa pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, y ahora que da marcha atrás reconociéndolo no le queda otra que irse”.

Según el Portavoz de UPU, “la responsabilidad de la alcaldesa, su equipo de gobierno y las concejalas que votaron a favor del proyecto a sabiendas de su ilegalidad son obvias”, y añadió que “la nulidad del proyecto era la crónica de una muerte anunciada. Avisamos de que el plan era ilegal, nulo de pleno derecho, desde el minuto uno, el mismo día de septiembre de 2017 en el que el Pleno dio luz verde a la enajenación de las parcelas”.

Por eso “los eventuales daños que se generen a la empresa o indemnizaciones, tendrán que asumirlos quienes aprobaron el proyecto a sabiendas de que era ilegal, con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos”. Según aclaró Cansino “Los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias económicas de su bolsillo”.

“Una alcaldesa que con sus decisiones, cuya ilegalidad ahora reconoce, hipoteca el futuro de su pueblo, tiene que asumir sus responsabilidades y presentar su dimisión inmediata” concluyó Hernández Cansino.