La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo una macrooperación con la que ha destapado un fraude contra la Seguridad Social cuantificado en torno a los 27,5 millones de euros.

La llamada operación Pandora ha conllevado actuaciones -realizadas entre mayo y agosto- en las provincias de Huelva, Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Granada, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora. Como resultado hay 33 personas detenidas -entre ellos un narcotraficante lepero- y 40 investigadas por delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado.

Hay otras cinco personas imputadas en la ramificación onubense del caso128.350Euros. Es la deuda vigente del 'empresario' con la Tesorería de la Seguridad Social

Los responsables del delito han resultado ser principalmente los responsables de hecho de las empresas, pero también sus testaferros -que eran algunos trabajadores o contratados- y familiares de los primeros.

En la mayoría de los casos se han realizado informes patrimoniales de las personas implicadas para que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere pertinente o, en su caso, que el juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades generadas.

Uno de las ramificaciones más llamativas de la operación Pandora se ubica en Huelva, concretamente en la localidad de Lepe. Como explica la Policía Nacional en un comunicado, se trata de una sociedad limitada unipersonal dedicada al sector pesquero constituida por un narcotraficante que ha sido arrestado.

Esta empresa nació en 1999 para la explotación de buques de pesca. Desde el año 2012 se convirtió en deudora sistemática a la Seguridad Social al no pagar las cotizaciones de sus marineros.

Dos años después, en 2014, los dueños originales simularon la venta de la compañía a una persona insolvente ante notario, poniendo a salvo con esta maniobra la propiedad y domicilio familiar a su nombre en Lepe.

Con posterioridad a este primer testaferro, se colocó al frente a un segundo de características similares: sin conocimiento alguno del sector pesquero, carente de vida laboral, con antecedentes policiales y con vinculación con centros sociales, atención a toxicómanos y entradas y salidas de prisión.

Pero el verdadero dueño de la compra del barco en 2014 resultó ser el líder de una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas, por lo que le fue fácil colocar al frente de la misma a personas insolventes y a toxicómanos. Estos actuaron como testaferros, auténticos hombres de paja.

Estos últimos propietarios mantuvieron la actividad real en el buque, contratando a pescadores para que ejerciesen una actividad normal que no levantase sospechas. De este modo podían ocultar la actividad paralela, la del narcotráfico, lo que les permitió introducir importantes cantidades de hachís y cocaína en suelo nacional.

El Cuerpo Nacional de Policía concreta que la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social vigente y exigible a la sociedad limitada supone un importe total de 128.351,32 euros.

Con estos mimbres, los investigadores consiguieron realizar seis imputaciones en total en la provincia. De un lado, a los dos dueños y responsables de la sociedad pesquera investigada desde su constitución hasta mediados de 2014 por un delito contra la Seguridad Social, periodo en el que se generó gran parte de la deuda imputada.

De otro están otros dos imputados, los verdaderos dueños de la empresa, que habrían aceptado hacerse cargo de las deudas de la misma. No obstante, recalca la Policía, "las deudas fueron aumentando conscientemente".

Y por último, también aparecen en el caso como imputados los dos testaferros insolventes colocados por los verdaderos dueños de la sociedad limitada, que habrían ocupado cargos en esta a cambio de una cuantía económica (dada su adicción a las drogas), "siendo conscientes de no tener relación alguna en la compañía".

La operación Pandora es la prolongación de una investigación explotada en diciembre de 2016 en la que se detuvo a una de estas mismas personas -quien tenía relación con el narcotráfico- por delitos de usurpación de estado civil y contra la Seguridad Social. Había acumulado una deuda de 187.167,65 euros en una empresa del sector de la hostelería.

Además, se colaboró con la Policía belga para conseguir que su operación contra el tráfico de hachís llegara a buen puerto: se logró el arresto de los implicados y la incautación de 300 kilos de estupefaciente el pasado enero.