Los concejales socialistas de La Palma presentaron ayer una moción para el próximo pleno ordinario de febrero en el que pide que el Ayuntamiento de la localidad se niegue a aceptar “el cierre y vaciado de competencias” de la oficina liquidadora de impuestos de la Junta, que venía desarrollando sus funciones en el Registro de la Propiedad de La Palma y que dejara de prestar el servicio tras las modificaciones llevadas a cabo por el Gobierno autonómico.

El responsable local del PSOE, Rogelio Pinto, explicó que se trata de una medida del Ejecutivo andaluz que “va en detrimento de palmerinas y palmerinos”, ya que quita servicios de recaudación de impuestos a la localidad condal y a todos los pueblos de su alrededor, como pueden ser Villarrasa, Bollullos, Escacena, Paterna, Manzanilla, Almonte, Chucena e Hinojos, entre otros.

Además, Pinto puso el acento en que esta medida va “en contra del crecimiento de la Palma”, ya que “los 64.000 habitantes que forman la población de estos pueblos van a dejar de venir al municipio, dejando de hacer sus gestiones”. Esto se traduce, según el edil socialista, en que “La Palma se está quedando vacía de servicios”, una falta de los mismos que “añade otro granito de arena a esa falta de políticas en favor de las zonas rurales”, remarcó.

El PSOE local estuvo acompañado por la parlamentaria andaluza María Márquez, que mostró su apoyo a Pinto y enfatizó que un pueblo como La Palma “necesita estos servicios para igualarse y para tener los mismos derechos que los núcleos urbanos más grandes”. Así, pidió al alcalde de la localidad, el popular Manuel García, que “pegue en la puerta de la Administración andaluza” para decirle a “sus compañeros” de partido que esta medida “está perjudicando” a la ciudadanía de La Palma.

La parlamentaria socialista por Huelva María Márquez señala que el municipio “necesita este servicio para tener los mismos derechos que los núcleos urbanos” más grandes

Ello se traduce, además, en que los vecinos tienen que desplazarse a la oficina de Moguer para hacer este tipo de gestiones, con la consiguiente pérdida de “cercanía y facilidades”, así como la incidencia que puede tener en el desarrollo económico del municipio, ya que todas estas personas de pueblos vecinos dejarán de venir a hacer las gestiones y, por lo tanto, dejarán de consumir en establecimientos comerciales y de restauración de La Palma, según señaló el portavoz del PSOE palmerino.

Márquez también aclaró que desde el PSOE de Huelva y el andaluz se está trabajando y se “le ha pedido a la Junta que dé un giro radical a las políticas de ataque a los núcleos rurales”, que, según la parlamentaria, “es la impronta y la seña de identidad del Gobierno de las tres derechas” en Andalucía.

En Huelva se han cerrado tres de las cinco oficinas que estaban vigentes, que eran las de La Palma, Moguer, Aracena, Valverde y Ayamonte, quedando tan solo esta última y la de Moguer, tal y como explicó la parlamentaria socialista, que insistió en el agravio que también supone par vecinos de la Sierra onubense o la Cuenca Minera tener que desplazarse hasta Ayamonte para cumplir con sus obligaciones fiscales referidas sobre todo a herencias y a trámites con la declaración de la renta.