La Plataforma Ciudadana por el Agua celebró ayer una numerosa manifestación con la que escenificó el rechazo de parte de la ciudadanía bollullera a la "privatización" de los servicios de abastecimiento y saneamientos que ha emprendido el Gobierno municipal. La marcha partió desde el Monumento de las Libertades junto al Parque Ramos Mantis, mientras que a lo largo del recorrido informaban a los transeúntes del motivo de su oposición a la privatización del servicio.

Concretamente la Plataforma considera que la operación abanderada por los populares prima "los intereses personales y partidistas y que no tienen en cuenta el bienestar de la ciudad". El objetivo, sostienen, es "obtener liquidez económica" a razón de 113.000 euros anuales, lo que permitirá dar aire a las maltrechas arcas municipales. La concesión se realizará por 25 años, por lo que el montante global que pagará la empresa será 2,8 millones de euros a costa de "hipotecarnos". En este sentido relatan que, como toda empresa privada, su naturaleza es obtener la máxima rentabilidad y ello "será a costa de que los abonados paguen la factura".

Concretamente apuntan a que la privatización llevará aparejada una pérdida de la calidad del agua y un mayor coste para el Ayuntamiento que tendrá que abonar el agua que se consuma en los centros públicos de la localidad, cantidad que cifran en torno a los 300.000 metros cúbicos.

IU respaldó con su presencia la concentración ciudadana y, aunque marcó distancias con la dirección de la Mancomunidad, quiso evidenciar su "absoluto rechazo a la privatización y su apoyo explícito a las reivindicaciones de la Plataforma". El responsable de Política Institucional de IU en Huelva, Francisco Javier Camacho, señaló que, "aún estando en desacuerdo con la dirección y gestión del ente supramunicipal, no por ello podemos defender una medida de esta naturaleza. Así añadió que, a pesar de estar "en contra de la política que desarrolla la Junta de Andalucía, no por ello ponemos en entredicho su existencia". De ahí que considere "disparatado" poner en manos de intereses empresariales un bien de primera necesidad como es el agua.

Para el equipo de Gobierno la manifestación "promovida y orquestada por los socialistas" demuestra el temor del partido a quedar en evidencia sobre el sobreprecio que se cobra a los usuarios para financiar el organigrama directivo y "el cementerio de elefantes en que se ha convertido la entidad supramunicipal".