El Partido Socialista de Andalucía reclamó ayer al Gobierno de España que "se anticipe" a las posibles eventualidades que para el sector pesquero pudieran derivarse en caso de que Bruselas declarase finalmente ilegal el actual Tratado de Pesca con Marruecos.

Así lo señaló en Cartaya el presidente y portavoz del Grupo del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, al ser preguntado por los periodistas sobre la situación surgida a raíz del dictamen del letrado de la UE que considera que el convenio con Rabat no es válido por aplicarse al Sahara Occidental y aguas adyacentes. El dirigente socialista pidió al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy que active los fondos necesarios para garantizar al sector que faena en ese caladero que contará con las ayudas necesarias.

Jiménez, que visitó en El Rompido el Centro de Investigación Ifapa Agua del Pino junto con otros dirigentes socialistas y con la diputada nacional de dicha Formación, Pepa González Bayo, también lanzó un "mensaje de tranquilidad" a los pescadores, marineros y armadores de toda Andalucía que "como siempre van a tener el apoyo y el respaldo de la Junta de Andalucía", pero reconoció que se está produciendo "una cuestión complicada" para el sector.

Coincidiendo con la reunión celebrada ayer viernes entre el sector pesquero, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, el socialista reclamó al Ejecutivo de Rajoy que "se anticipe, que tenga previstas las distintas eventualidades si se confirmara la ilegalidad del tratado y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidiera que es ilegal".

Es necesario, dijo, que "estén activados los recursos económicos para garantizar al sector pesquero que faena en Marruecos que no van a faltar las ayudas hasta tanto en cuanto se firme un nuevo acuerdo que permita la actividad en ese caladero".

"Lo que no queremos -concluyó /, es que "si finalmente se confirma la ilegalidad, después tengamos que empezar de cero; tenga que salir el sector a reivindicar las ayudas y la Junta tenga que ponerse del lado de los pescadores a reclamarlas porque el Gobierno de España no se haya anticipado a esa eventualidad".