A pesar de los ímprobos esfuerzos de los implicados por echar tierra sobre el caso de la compra de las dos parcelas de la Dehesa Santa María, la justicia sigue su camino hacia el esclarecimiento de las condiciones en las que se llevó a cabo la adquisición, por parte del equipo de Gobierno socialista de Paco Bella de estosterrenos.

Ahora, la justicia llama al Ayuntamiento a cumplir con la sentencia a pesar del acuerdo al que llegó el Pleno en el año 2014, a instancias de la oposición encabezada por el PSOE y con el apoyo del concejal tránsfuga Alberto Mondaca, para eludir que el Consistorio almonteño tramitase el procedimiento de revisión de oficio de la compra de las dos parcelas de la Dehesa Santa María mediante la elevación del caso al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía.

Fue el Gobierno Popular de José Antonio Domínguez Iglesias el que denunció las presuntas irregularidades en las que se habría incurrido en la operación de 2006 por la que se compraron estos terrenos a un precio de 4,36 millones de euros sacados de las arcas municipales, "del dinero de todos los almonteños", con la excusa de llevar a cabo allí una serie de proyectos urbanísticos que nunca se han llevado a efecto, entre otras, cosas porque el Gobierno de Paco Bella entonces en el PSOE, ahora en Ilusiona, ni siquiera se molestó en recalificar unos terrenos catalogados como rústicos.

De hecho, en la actualidad, estas parcelas, que se encuentran a varios kilómetros de nuestro municipio, están absolutamente desperdiciadas. La operación se realizó en tan sólo una semana, "con procedimientos que a consideración son al menos, irregulares y sin pasar siquiera por el Pleno Municipal, lo que denota una absoluta falta de transparencia". La argucia de los socialistas de Paco Bella y Rocío Espinosa, con la ayuda del edil tránsfuga, para no abrir el procedimiento de revisión de oficio de la operación tal y como ordenaba el juzgado, fue rebatida de nuevo por el Contencioso Administrativo tras el recurso interpuesto en el año 2014 por el popular José Joaquín de la Torre y a pesar de que el Gobierno de Rocío Espinosa trató de esquivar su obligación apelando al TSJA, el más alto tribunal andaluz desestimó la apelación de la ex alcaldesa y su equipo de Gobierno.

Así las cosas, el Pleno deberá tratar de forma urgente la apertura del expediente para ser remitido al Consejo Consultivo. El PP de Almonte celebra la firmeza de la Justicia y se enorgullece de haber perseverado en su interés por esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló una operación que no ha aportado nada al pueblo de Almonte, más que empobrecimiento, y aunque la vía penal quedó desactivada cuando Rocío Espinosa usó su poder para retirar la acusación municipal, como tantas otras causas, en contra de los intereses de los ciudadanos a los que decía defender, al menos trascenderá a la ciudadanía cuáles fueron las verdaderas intenciones de esta operación. Siempre hemos defendido el derecho de los ciudadanos a saber ququé se hizo en su momento con su dinero.