La Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha abierto tres expedientes administrativos por delitos medioambientales en la finca el Avispero de Bonares entre los años 2006 y 2007. Todos ellos están relacionados con las denuncias que hizo en su día el grupo ecologista Madroño por una presunta deforestación de terreno de alto valor ecológico de especies autóctonas.

Ayer la delegada provincial de Medio Ambiente, Isabel Rodríguez, destacó que su departamento "actuó con diligencia en cuanto tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades porque una de nuestras prioridades es perseguir este tipo de delitos".

Dos de estos expedientes, uno contra la empresa agrícola Agromolinillo y otro contra un particular M.M.C., cuentan ya con sentencia firme y contemplan multas que suman 100.170 euros, es decir 50.085 euros cada una de ellas, y se establece la obligación de repoblar la superficie afectada al responsable.

El primer expediente se abrió en octubre de 2006 por el rebaje mecanizado para cambio de uso sin autorización y quedó resuelto resolvió el 13 de julio de 2007. La falta se consideró muy grave y se multó con 50.085 euros (el máximo está en 60.000).

El segundo expediente sancionador se abrió en febrero de 2007 contra la empresa Sociedad Cooperativa Andaluza Agromolinillo por infracción a la Ley Forestal Andaluza. La infracción consistió en destoconar especies forestales y cambio de uso sin autorización, de forma que se roturó una superficie de 68,7 hectáreas de eucalipto, pinos, alcornoques, entre otras especies autóctonas. Este expediente se resolvió definitivamente el 16 de octubre de 2007.

El tercer expediente que abrió la Delegación Provincial de Medio Ambiente y que está en vías de resolución es contra otro particular que responde a las iniciales A.C. P. El delito que persigue es destoconar especies forestales y cambio de uso de una superficie de 51,7 hectáreas y la roturación de otras 7,9 hectáreas.

La suma de las hectáreas afectadas por dichos delitos medioambientales se eleva a 1.274, tal y como denunció en su día el grupo ecologista Madroño.

La delegada provincial reconoció ayer que la "han sido numerosos los expedientes sancionadores que se han abierto contra la empresa Agromolinillo por hechos similares y principalmente en el término municipal de Moguer". Esta ha sido una de las principales razones que han llevado a la Delegación Provincial ha dar traslado de los hechos a la Fiscalía de Huelva y que puso el caso en manos de la Policía Autonómica para que investigara la situación por si es susceptible de iniciar los trámites en los juzgados de lo penal.

Isabel Rodríguez explicó también la empresa había solicitado eliminar diversa vegetación de un total de 6,7 hectáreas de la finca alegando que en la escritura del terreno ya se contemplaba el uso agrícola. Algo que ahora se está investigando.

La delegada provincial destacó también ayer el nivel de colaboración que existe con los grupos ecologistas en general y en particular con el grupo Madroño afincado en el término municipal de Bonares, de forma que "actuamos con rapidez tanto si nos llega una denuncia de los ecologistas como si un agente forestal detecta cualquier irregularidad sobre el terreno, como ha sido en este caso".

Una cuestión igualmente delicada es la que afecta a la presunta implicación de funcionarios públicos en este caso. Sobre esta cuestión, Isabel Rodríguez defendió ayer que el "99,9% de los funcionarios públicos que trabajan en esta delegación son personas leales que hacen bien su trabajo".

No obstante reconoció que tanto la Consejería de Medio Ambiente como la Fiscalía han abierto expediente la primera y una investigación la segunda por las "posibles irregularidades que se hayan podido cometer en este caso".