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Lucena destapa la financiación de las corporaciones con las facturas del agua

  • Hinojos opta por privatizar el servicio, lo que ha supuesto un duro golpe para MAS · La falta de liquidez de las arcas municipales lleva a los ayuntamientos a plantear nuevas fórmulas de recaudación

Exprimido los beneficios que reportó el ladrillo hasta que este brindó sus últimos euros, los ayuntamientos se afanan ahora en nuevas vías de financiación que les permitan cuadrar unas cuentas que desde la crisis no han dejado de languidecer. Entre tanto y a expensas de encontrar mejores recursos, el agua se ha convertido en ese elemento de financiación que grabará a los ciudadanos, si bien posiblemente tenga un menor coste electoral que otras subidas fiscales. La veda mercantilista queda abierta. ¿Quién da más?

Lucena del Puerto es uno de uno de municipios que aún sopesa su adhesión a MAS. Entre tanto su alcalde, el independiente Manuel Mora, reconoce que desde el 1 de enero en que se produjo la disolución de Aguas del Condado, mantienen un acuerdo por un periodo de seis meses con Giahsa por el cual esta entidad prestar el servicio y se hace cargo de los tres empleados adscritos al municipio. Para frenar las tentativas de otras empresas privadas por hacerse con el servicio se brindó al Ayuntamiento una retribución del 1,5% de la factura de los abonados adscritos a este municipio y el 5% de los tributos que generase la recogida de residuos sólidos, si bien las negociaciones no han finalizado, al menos por parte municipal.

Fuentes de Giahsa han apuntado que esto no quiere decir que Lucena disfrute de ningún trato de favor, ya que ésta es la práctica común que rige la relación contractual con todos los ayuntamientos. En concreto señalan que este abono en materia hídrica "se realiza por la utilización del suelo y como pago por posibles cortes de calles". En lo que respecta a la recogida de residuos sólidos se justifica el pago en virtud del espacio que ocupan los contenedores y la limpieza de su entorno". Estas mismas fuentes han detallado que municipios como "Aljaraque perciben anualmente cerca de "50.000 y 70.000 euros, respectivamente,, por ambos conceptos, cifras que no son desorbitadas y parejas a las que pueden percibir los ayuntamientos por los convenios con las eléctricas o empresas de suministros".

En esta búsqueda imperiosa de liquidez, Hinojos ha optado por privatizar el servicio, lo que ha supuesto un duro mazazo para MAS, quien habían encontrado en IU un fuerte aliado político. De momento el alcalde hinojero, Manuel Naranjo, ha aprendido la lección de sus vecinos y ha sorteado cualquier episodio de conflicto laboral como los acaecidos en Bollullos o La Palma, por lo que Aqualia asumirá los derechos contractuales de los cinco trabajadores adscritos hasta ahora al servicio público.

Huelga decir que la necesidad de inyectar liquidez en las arcas está detrás de esta operación que incluso se ejecuta contraviniendo las directrices y estrategias de la dirección provincial. En concreto Aqualia abonará 660.000 euros por hacerse con la gestión integral del agua durante los próximos 25 años, a los que habrá que sumar los 113.631 euros que Urbaser ingresará por la privatización de la recogida de residuos.

Cabe recordar que al principio las urbes gobernadas por los socialistas no pusieron mayores objeciones a la entrada en MAS, dado que tendrían carta blanca a la hora de liberar políticos y cargos de confianza. En efecto, todo el organigrama directivo y laboral de Aguas del Condado pasó a MAS: los alcaldes de Rociana, Amaro Huelva, la de Escacena, Eva Salazar; los ediles de Almonte, Francisco de Paula Rodríguez; ex diputados socialistas como Iván Martínez que asumió la gerencia de Aguas del Condado; así como el ex alcalde de Bollullos, Carlos Sánchez, o el ex edil de urbanismo en Bonares, Juan Antonio Coronel, por citar sólo algunos.

El problema radica en que todos estos cargos, aun liberados con cargo a las arcas municipales, no suponían más que una ínfima parte de lo que ingresaban aquellas urbes que optaron por privatizar los servicios. Fuentes socialistas, que defienden abiertamente el que a los ayuntamientos se les retribuye por el uso del servicio, afirman sin estupor que electoralmente sería muy difícil explicar que se deje de prescindir de unos ingresos, máxime cuando la gestión del servicio no difiere en absoluto y encima los beneficios revierten en el municipio, tal como ha quedado demostrado en los términos de Matalascañas y El Rocío, donde desde hace años opera Aqualia.

Precisamente Almonte ha comenzado a negociar con Giahsa la posibilidad de que sea esta quien preste el servicio una vez expire la concesión administrativa con la empresa privada, si bien pretende que se les retribuya para no perder unos recursos que ahora se presumen más fundamentales que nunca, debido a que el urbanismo ha dejado de ser el sostén de los 1.000 empleados municipales.

Algunas fuentes critican que Aqualia este aprovechándose "de forma deplorable" de la imperiosa necesidad de las corporaciones de hacerse de liquidez y consiguiendo nuevos 'clientes' a base de chequera. En este sentido, reconocen "la inteligencia empresarial" y "la estrechez de miras de algunos alcaldes" a los que se les está comprando derechos a precios de saldo alentados por la crisis, sostienen desde el PSOE.

Lucena del Puerto es uno de los tres municipios que ha impugnado judicialmente el acuerdo de disolución de Aguas del Condado.

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