Erradicar los asentamientos de chabolas de migrantes no es fácil, es complejo. De entrada, su presencia en municipios agrícolas de la provincia de Huelva obedece a varios factores. Su permanencia desde hace años en esas zonas también, pero sobre todo a la falta de coordinación entre las distintas administraciones afectadas y los propietarios de algunas fincas.

Para abordar éste y otros temas, el director general de Políticas Migratorias, Luis Vargas, junto al delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, mantuvo ayer un encuentro con los distintos colectivos y entidades que trabajan en este ámbito en la provincia. Fue una reunión más de las tantas que se celebran a lo largo del año sobre políticas migratorias, en la que se abordaron los distintos proyectos en esta materia presentados por las corporaciones locales, agentes sociales y organizaciones no gubernamentales, así como las líneas de ayudas y subvenciones dispuestas por la Consejería de Justicia e Interior para 2018.

298.000Euros. Se destinaron a las organizaciones que trabajan con inmigrantes y los ayuntamientos

La Junta de Andalucía trabaja en la elaboración de un programa de ayudas al alojamiento para migrantes, que no un plan de viviendas, para lo cual propone una serie de iniciativas y medidas reguladas con el resto de las administraciones implicadas, locales, provinciales y nacionales, así como con los empresarios agrícolas. Y es que plantear alojamientos vinculados a una explotación agraria requiere una serie de exigencia urbanísticas y de ordenación del territorio que "no hace fácil abordar", en palabras del director general, ya que supone entre otras actuaciones recalificar suelo rústico a urbano.

Pero hay otras vías para abordar el programa de alojamientos, como disponer de suelo público en el que poder realizar actuaciones urbanísticas, introducir en las ordenanzas municipales bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o exenciones en el impuesto de construcción, teniendo en cuenta la disponibilidad de suelo existente, o incentivar la introducción en el mercado de viviendas vacías.

Estas son algunas propuestas para intentar acabar con las chabolas, pero también existe una labor pedagógica que deben hacer las ONG con los migrantes y vincular la estancia de estas personas a un contrato de trabajo, según Vargas.

"Estamos tratando de montar el armazón, porque lo que tenemos claro es que esto es un tema de corresponsabilidad de la Junta de Andalucía, Gobierno central y ayuntamientos, que a su vez deben mantener abierto el diálogo y la cooperación con empresarios, sindicatos y organizaciones sociales", indicó el director general de Políticas Migratorias.

Vargas señaló que se están realizando experiencias pilotos en distintas corporaciones locales que pueden ayudar a solucionar los problemas habitacionales, siempre teniendo en cuenta la situación actual del mercado de la vivienda y los derechos de todos los ciudadanos de acceso a ellas (para evitar agravios comparativos) porque "la solución no pasa por desmantelar los asentamientos, ya que hay connotaciones civiles y penales que lo impiden".

Es más, para el director general de la Junta de Andalucía, la solución definitiva al problema de los campamentos debe de venir desde un punto de vista global en el que se participe desde la Unión Europea, ya que no se puede impedir el movimiento de las personas y no es una situación que se produzca en sólo un determinado punto geográfico.

Por su parte, Francisco Romero recordó que en las distintas líneas impulsadas por la Junta en la convocatoria del pasado año, se concedieron en la provincia de Huelva 298.000 euros en 2017, de los cuales más de 173.000 se destinaron a las organizaciones que trabajan con inmigrantes en el área de política social e integración, y 124.000 para los ayuntamientos en concepto de ayudas para lograr soluciones habitacionales a los inmigrantes que se encuentran en estos momentos en la provincia de Huelva en condiciones de infravivienda.