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La Junta dice que sus inspectores detectaron graves faltas de gestión

La Junta de Andalucía ha cargado toda la responsabilidad de lo que sucede en las presas mineras en sus propietarios, un día después de conocerse las filtraciones que desde La Aguzadera (propiedad de Emed Tartessus) se producen al arroyo del Tintillo y al río Odiel.

A través de un comunicado, la Junta recuerda que "la Justicia ya resolvió que los propietarios de los terrenos de Minas de Riotinto S.A. son los responsables del control de sus instalaciones, entre las que se encuentra el sistema de presas". Y añade que en este sentido, la Administración andaluza recurrió en febrero de este año a los tribunales ante la negativa de los dueños de la empresa de permitir el acceso del personal técnico de la Empresa de Gestión Medioambiental S.A. (Egmasa) que, subsidiariamente y en cumplimiento de una resolución de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, debe ejecutar los trabajos imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento de las presas mineras.

La Junta de Andalucía confirma en su nota que las continuas visitas de inspección efectuadas por sus técnicos "detectaron una grave falta de gestión por parte de la empresa".

A los informes técnicos se sumaron las recomendaciones de los Organismos de Control Autorizado que ratificaron la necesidad de ejecutar tareas imprescindibles para mantener la seguridad de las presas.

También subraya que "el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huelva negó a las delegaciones provinciales de Innovación y Medio Ambiente la facultad de intervenir en este proceso y responsabilizó a la empresa del grado de funcionamiento del control en las tareas de corrección y vigilancia de sus instalaciones".

Ahora, la Administración autonómica avanza que su "intención es seguir salvaguardando la gestión de las presas". Y entre los trabajos que pretende realizar se encuentran la recirculación de las filtraciones, los bombeos y trasvases internos para garantizar los niveles de seguridad de los diques y todas aquellas actuaciones adicionales que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de seguridad y protección del medio ambiente.

La Junta, dice, seguirá estando atenta y vigilante para que la empresa cumpla sus obligaciones.

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