Los servicios jurídicos de la Junta están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales para paralizar en el ámbito de sus competencias el proyecto del gas en el entorno de Doñana, según anunció ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal.

En su comparecencia en el Parlamento andaluz, Fiscal dijo que se ha fijado un calendario de reuniones, entre técnicos y juristas, que servirá para sentar las bases de lo que puede ser un futuro recurso contencioso administrativo con el requerimiento previo a la Administración del Estado que contempla la Ley.

La Junta de Andalucía ha pedido en un escrito al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la modificación de las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental que amparan los cuatro subproyectos y que insten al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que paralice el denominado Marismas Occidental y una evaluación conjunta de dichos proyectos. Según Fiscal, los argumentos están recogidos en sendos informes del Defensor del Pueblo en España y del Defensor del Pueblo Andaluz, así como en la respuesta a éste último del delegado institucional de CSIC de Extremadura y Andalucía.