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La Junta convoca ayudas por 5,3 millones para inversiones en puertos pesqueros

  • Ayudarán en la recuperación de las inversiones necesarias para evitar los descartes

Actividad en la Lonja de Isla Cristina. Actividad en la Lonja de Isla Cristina.

Actividad en la Lonja de Isla Cristina. / H. I. (Isla Cristina)

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible convoca ayudas para inversiones en puertos pesqueros andaluces por valor de 5,3 millones de euros para el período 2020-2021. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado recientemente la apertura del plazo para solicitar estas subvenciones, enmarcadas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020. Las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 18 de agosto.

El objetivo de estos incentivos es respaldar inversiones dirigidas a potenciar la calidad e incrementar el control y la trazabilidad de los productos pesqueros desembarcados, aumentar la eficacia energética, contribuir a la protección del medio ambiente marino y mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de los pescadores. Todo ello incide en la competitividad del sector, tanto a medio como a largo plazo, y en la mejora del posicionamiento de los productos, a través de una diferenciación de los alimentos andaluces por su excelencia.

Las ayudas se dirigen también a actuaciones encaminadas a potenciar especies de bajo valor comercial, a través de infraestructuras y equipamientos que permitan avanzar en las posibilidades de reutilización del pescado retirado en los establecimientos de primera venta. De esta forma, podrá mejorarse el aprovechamiento de estos productos, por ejemplo, para la elaboración de harinas de pescado, piensos para animales de compañía, aditivos alimentarios o productos farmacéuticos y cosméticos.

Entre las novedades de la convocatoria 2020, destaca especialmente la introducción de una nueva línea de ayudas a inversiones dirigidas a cumplir con el Reglamento europeo de descartes, es decir, con la obligación de desembarcar todas las capturas, incluidas las que anteriormente se devolvían al mar. Así, una cofradía de pescadores o una organización pesquera podría recibir respaldo público por la totalidad de la inversión realizada.

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