Izquierda Unida quiere volver a poner una tasa a las empresas energéticas y destinar el dinero que se recaude a las familias más necesitadas. En el pleno ordinario celebrado en julio de 2017 fue aprobada por unanimidad una propuesta de IU Punta Umbría en el Ayuntamiento de esta localidad para crear una tasa por aprovechamiento especial del dominio público local de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. “Hace ya unos meses volvimos a insistir en la aplicación de esta medida, vista la necesidad de recursos económicos, ante el esfuerzo que estaban haciendo las arcas del Ayuntamiento de Punta Umbría ante la crisis del Covid”, explica la portavoz municipal de IU Punta Umbría, Sara Ureña.

Parece que aquel acuerdo plenario y la reciente solicitud para aplicarlo “han caído en el cajón del olvido por parte del actual equipo de gobierno, como lo hizo el anterior”.  Por eso, tras la subida histórica del precio de la luz que han impuesto “injusta y desorbitadamente” las empresas eléctricas en plena ola de frío invernal, “vemos más necesario que nunca retomar esta reivindicación, y responder con políticas municipales y directas para proteger a nuestros vecinos y vecinas”, expone Sara Ureña.

La propuesta de IU en la localidad costera propone a este Ayuntamiento que siga el ejemplo del de Cartaya, que adoptó esta medida como parte del acuerdo de la moción de censura entre PSOE, IU y C,s. La aplicación de esta tasa fue aprobada también en el anterior mandato municipal, pero el anterior equipo de gobierno de Cartaya nunca llegó a ejecutarla.  Concretamente, el Ayuntamiento de Cartaya está ingresando actualmente con la aplicación de esta tasa entre 3.000 y 12.000 euros al año por kilómetro lineal, dependiendo del tipo de tensión, y entre 500 y 4.000 euros al año por cada kilómetro de gasoducto, según estimaciones recientes.

Ureña añade que “proponemos que el dinero recaudado sirva para garantizar mínimos de suministro eléctrico a las familias más vulnerables y desfavorecidas de Punta Umbría", o para habilitar herramientas para asesorar a las familias que quieran presentar quejas o reclamaciones a través de las Asociaciones de Consumidores o el mismo Ministerio de Consumo frente a las compañías eléctricas.