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La Fiscalía recuerda que las sanciones del Plan de Regadíos han prescrito

  • La Junta abrió expedientes por transformar tierras forestales en agrícolas sin permiso

Plantación de fresa en una finca del Condado onubense. Plantación de fresa en una finca del Condado onubense.

Plantación de fresa en una finca del Condado onubense. / h. información

La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ha recibido la documentación que la Junta de Andalucía le trasladó esta misma semana sobre los expedientes sancionadores que se iniciaron en 2017 como consecuencia de la transformación de tierras de forestal a agrícola sin la autorización pertinente y por el uso de aguas subterráneas sin concesión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, irregularidades realizadas por algunos agricultores de la zona de la Corona Norte Forestal de Doñana.

No obstante, desde la Fiscalía han indicado a Europa Press que, como ya notificó en abril cuando los analizó por vez primera, en una inmensa mayoría de los casos se trata de hechos prescritos penalmente, pero se insta a la Junta de Andalucía a poner en conocimiento de la Policía Autonómica o el Seprona cualquier hecho delictivo actual que se detecte y a partir de ahí comenzar con el procedimiento que corresponda.

285Hectáreas. Superficie objeto de expedientes sancionadores por parte de Medio Ambiente

De este modo, dentro del marco de colaboración y trabajo conjunto entre la Fiscalía de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía, se han mantenido diversas reuniones técnicas y se ha abordado la situación. De hecho, el pasado mes de abril la Administración regional ya remitió una veintena de expedientes administrativos, gran parte de fincas de Moguer, donde se habían producido cambios de uso o extracciones de agua sin autorización.

Así, esos expedientes, pese a que indicaban la transformación "ilegal" del suelo, habían prescrito penalmente, de manera que se instó a la Junta a acudir al Consistorio moguereño para que éste ejerciera sus competencias urbanísticas al tratarse de suelo protegido y no prescribir por la vía administrativa la posibilidad de demoler lo construido ilegalmente. Además, instó a la Administración regional a que diera aviso al Seprona o Policía Autonómica si se detectaran hechos delictivos recientes, como la extracción de agua de pozos precintados, por ejemplo, para a partir de ahí tomar las medidas que correspondan.

De este modo, la documentación remitida esta semana supone un resumen de todo lo realizado hasta ahora y de nuevo se incide en la importancia de estar vigilantes ante actuaciones que pudieran suponer un delito y ante las que se pueda actuar penalmente.

Los expedientes afectan a una mínima parte delas explotaciones agrícolas de la zona, en concreto hacen referencia a 285,85 hectáreas. La mayor parte, más de 9.000 hectáreas, tienen encaje legal en el documento aprobado por consenso para la ordenación de los regadíos, el uso racional del agua y el control de las extracciones del acuífero.

Desde finales del pasado año, la Junta ha remitido distintas comunicaciones a los agricultores afectados por estos incumplimientos de la ley y ha mantenido periódicas reuniones con ellos. Tras estas comunicaciones, y conforme a los plazos establecidos en el proceso administrativo, los agricultores presentaron alegaciones a los expedientes sancionadores iniciados en cumplimiento de la ordenación vigente en el Plan de Regadíos.

La Junta realizó un estudio de la situación, al que siguió la apertura de los expedientes sancionadores en los casos que marca la ley, para finalmente dar traslado a la Fiscalía de Medio Ambiente.

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