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La Fiscalía investiga el papel de los alcaldes en las extracciones de agua

  • Particulares explotan parcelas municipales desde hace más de cuarenta años a través de cánones públicos

  • El Ministerio Público instruyó en 2014 nueve causas penales

Perforación de un pozo de agua en el entorno de Doñana. Perforación de un pozo de agua en el entorno de Doñana.

Perforación de un pozo de agua en el entorno de Doñana. / h. información

Los alcaldes almonteños que han estado al frente de la institución local durante las últimas tres décadas están siendo investigados por la Fiscalía de Medio Ambiente, que les acusa de un supuesto delito de prevaricación por no haber impedido las extracciones ilegales de agua en Doñana, en concreto en aquellas parcelas de titularidad municipal que llevan más de cuarenta años siendo explotadas por particulares mediante cánones públicos.

Francisco Bella, alcalde socialista desde 1991 a 2011; José Antonio Domínguez, su sucesor popular desde 2011 a 2015; y Rocío Espinosa, alcaldesa socialista desde los pasados comicios, han de dar cuenta a la Justicia del por qué no pusieron freno a una práctica que diezmó los recursos del acuífero 27 que alimenta los humedales del Parque Nacional.

La decisión ha generado incertidumbre a la par que indignación, en tanto en cuanto los regidores municipales no tienen capacidad para legislar ni sancionar tales prácticas. Así de simple y de contundente se muestran los juristas consultados por Huelva Información.

Espinosa no quiso hacer valoraciones sobre el proceso, si bien su abogado, el penalista Francisco Baena Bocanegra, considera que no existe base jurídica alguna para incluirles en la causa. En cuanto a las razones por las cuales la Fiscalía ha decidido investigar las posibles responsabilidades de los líderes locales, el prestigioso letrado, que ha defendido a figuras como el juez Baltasar Garzón, afirma "no estar en la cabeza del fiscal", pero matiza que "es una obligación del juez investigar" a todos los actores que pueden intervienen en un proceso penal.

Bocanegra recuerda la imposibilidad de que su defendida hubiera incurrido en delito alguno, ni tan siquiera en dejación de sus funciones, puesto que "el cargo de alcalde no tiene aparejadas atribuciones en materia de ordenación del territorio o de vigilancia sobre la extracción del agua".

Fuentes cercanas al caso detallaron a este rotativo que la defensa ha solicitado el sobreseimiento de la causa, mostrando su confianza en que durante los próximos días se atienda la petición de forma favorable. Bocanegra ni confirmó ni desmintió este extremo.

Por su parte, Domínguez Iglesia recuerda que las competencias en materia de aguas descansan en el Gobierno de España, quien delega las mismas en las confederaciones hidrográficas, que son las que diseñan los planes de riego y se encargan de su cumplimiento, bien de manera unilateral con su policía de aguas, bien en colaboración con los agentes del Seprona. Por otra parte, detalló que las competencias de la ordenación del territorio descansan en la Junta de Andalucía, que en este caso determina qué zonas son forestales, cuáles agrícolas de secano y cuáles de riego. En consecuencia, "son sendas administraciones a quienes compete el cumplimiento de la legalidad y quienes tendrían que dar las preceptivas explicaciones".

Con independencia de ello, Domínguez realiza una defensa numantina de los agricultores. Para ello recordó que "el Programa Doñana 2005, nacido en 1992 a raíz de la hoja de ruta de la comisión de expertos que derivó en lo que se conoció como el primer Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana, ya recogía la necesidad de dotar de infraestructuras hídricas a zonas como Matalagrana". En consecuencia, añade, "el sector agrícola en Almonte ha sido vilipendiado porque otros no hicieron su trabajo". Por otra parte, Domínguez afirma que la agricultura consume "el 1,2% del volumen de agua de los acuíferos, un 20% menos que hace algunos años" gracias al "exhaustivo control del riego" por parte de los regantes que miman cada gota en pos de preservar un recurso finito que crea riqueza".

La Fiscalía de Medio Ambiente en Huelva instruyó en 2014 nueve causas penales tramitadas en los juzgados de Moguer por extracciones de agua y la construcción de balsas de riego con afecciones al acuífero. Recientemente WWF señaló que en Doñana existen 1.700 balsas de riego, el 80% de las cuales son ilegales.

La Fiscalía ha mostrado en innumerables ocasiones su preocupación por las extracciones ilegales del agua, cuya solución representa "uno de los grandes retos del futuro". Un desafío que no se circunscribe únicamente al ámbito de Doñana y sus fronteras naturales, si no que se extiende por zonas como la Sierra de Aracena, donde al calor de los sustanciosos beneficios que genera el regadío se ha producido una notable expansión.

El Plan Especial de los Regadíos en la Corona Norte pone techo a la expansión del regadío en la zona, lo que genera importantes adquisiciones de tierras en municipios como Trigueros, Gibraleón o San Bartolomé de la Torre, que se beneficiarán del agua almacenada en la presa de Alcolea.

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