El juicio contra el exalcalde de Almonte, José Antonio Domínguez (PP), y el que fuera su concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Curto, por presunto acoso laboral a la Jefa de la Policía Local, Francisca Borrero, se celebrará el próximo octubre. Fuentes jurídicas han confirmado a Efe que la vista se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva, estando previsto su inicio a mediados de mes.

Domínguez y Curto se enfrentan a una petición por parte de la Fiscalía de 30 meses de cárcel, que los considera responsable de un delito de acoso laboral, por el que les pide 1 año y 6 meses de cárcel; otro de lesiones por el que les solicita un año más, y de otro de prevaricación por el que considera se les ha de imponer 12 y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo publico respectivamente.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que han de indemnizar conjuntamente a la presuntamente perjudicada en 16.314,88 euros por las lesiones sufridas. La causa objeto de juicio el próximo mes de octubre, según ha informado Huelvahoy, tiene su origen en 2012 cuando Domínguez, siendo alcalde de Almonte, dictó, a propuesta de Curto un decreto para la reorganización funcional de la Policía Local, en el que se proponía como mandos a la perjudicada y, al mismo nivel, a otro agente de la Escala Básica, siendo nombrado como Oficial Responsable de Operativos de Seguridad.

Dicho decreto, impugnado por Borrero, fue declarado no ajustado a derecho por incurrir en vulneración de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, al otorgarle a una agente de la Escala Básica funciones propias de la Escala Ejecutiva. A pesar de lo anterior, los acusados, abusando de su relación de superioridad, no depusieron su actitud, y mantuvieron como mando responsable entre 2012 a 2015, al oficial que no ostentaba la capacitación necesaria.

Ante dicha situación de hostigamiento y humillación, Borrero presentó de forma reiterada ante el Ayuntamiento numerosos escritos, pidiendo participar en actividades propias de su competencia, siendo denunciado en muchos de ellos la situación de acoso que vivía. A esta se le llegó incluso a incoar de manera infundada a instancia de Domínguez un expediente disciplinario y otro expediente sancionador urbanístico, ambos archivados.

En 2015, el alcalde dictó en 2015 otro decreto idéntico al de 2012 otorgando así una nueva organización funcional dentro de la Policía Local, que mantenía al frente al agente no capacitado.