Tras conocerse que localidades como Isla Cristina y Matalascañas no depuran bien sus aguas, Facua considera escandaloso que haya poblaciones en España que todavía no hayan arreglado los problemas con sus depuradoras de agua, ya que los usuarios han pagado un canon de saneamiento y depuración y "ahora tendrán que hacer frente a una multa de la Justicia Europea".

Ayer se conoció la multa de 12 millones impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Estado español debido a los incumplimientos de la directiva comunitaria producidos en 17 municipios o urbanizaciones con más de 15.000 habitantes que, desde el año 2001, debían limpiar sus aguas correctamente.

Facua señala que las depuradoras de Matalascañas, Barbate, Tarifa, Alhaurín el Grande, Estepona y Nerja fueron declaradas en el año 2010 obras de interés general y los usuarios pagan en su factura por un canon específico y finalista por depuración destinado a sufragar estas obras.

Sin embargo, la organización lamenta que, después de ocho años abonando dicho canon, "ahora tengan que pagar la sanción impuesta a España".

El Tribunal condena al Estado español, además, a pagar cada semestre otros 11 millones de euros mientras no se solucionen los problemas en las poblaciones que llevan a cabo una depuración deficiente, entre ellas Isla Cristina y la playa almonteña de Matalascañas.

Por todo ello, Facua exige a las administraciones involucradas en esta sentencia que "pongan todos los medios disponibles para subsanar el tratamiento depurativo no óptimo del agua en todas estas zonas".