Todos los onubenses sentimos amor por Doñana respetamos y deseamos la máxima protección del Parque Nacional y Reserva de la Humanidad. Todos los ciudadanos, empresas y trabajadores, también los agricultores y ecologistas, todos, nos sentimos orgullosos de sus méritos ambientales y deseamos que la protección de su ecosistema sea compatible con un desarrollo sostenible para la buena calidad de vida, el bienestar y el empleo de los pueblos de su entorno. Por ello es el momento de reaccionar para contribuir a la mejora de la imagen de Doñana y de la excelencia certificada en toda la producción onubense: berries, cítricos, frutas de hueso, almendras, caquis, olivos así como los aceites y zumos.

Considero acertado el trabajo de la Diputación Provincial para mandar un buen mensaje a través del Foro del Comercio Ético reforzando la realidad de que toda la provincia aporta importantes espacios protegidos a los ecosistemas de la Red Natural 2000.

Doñana despierta sentimientos que son peligrosos cuando se convierten en pasiones de pertenencia y protección, y que, además, se radicalizan cuando se habla o afecta a la disponibilidad del agua para todos los usos, urbano, agrícola y con fines ecológicos para recarga de acuíferos y protección de humedales. Es fácil caer en demagogias, con titulares que desinforman con medias verdades sobre la disponibilidad de agua, los datos de pozos legales o ilegales, y las hectáreas en riego se manejan con ligereza: cada uno dan las suyas. Considero que la más acertada son las 756,54 hectáreas totales que se distribuyen entre Lucena, con 273ha; Almonte, 209ha; Moguer, 130ha; Bonares, 84ha; y Rociana, 60,54ha. Sobre ellas se debe trabajar.

Para ello es necesario restituir la paz social. Las leyes hay que cumplirlas y desarrollarlas todas, interesen o no interesen, y estamos ante un asunto de interés general que requiere que desde Huelva y Andalucía se proyecten hacia el Estado propuestas en las que trabajemos juntos todas las partes interesadas. Doñana justifica y merece una unidad de acción por la vía del diálogo y negociar, ejecutar y cerrar los trámites administrativos pendientes. Creo que el marco para propiciarlo parte de la Mesa de Participación de Doñana.

Los resultados de la votación de la PL en el Parlamento de Andalucía requiere de una reflexión para que la Junta reconduzca la solución a un problema real y acaben las estridencias ante Madrid y Bruselas, que deben bajar a conocer la situación real y su influencia en Doñana

El Estado, con el MITERD y la CHG, deben comenzar a ejecutar la Ley 10/2018 para la transferencia de 19,99m3/año del Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir. Para cumplir las funciones que le encomienda dicha Ley, el primer paso que debe dar es aprobar y convocar la Comisión Técnica de Transferencia (CTT) que represente al MITERD y la Junta de Andalucía y a los usuarios de agua de las cuencas cedente y receptora y que cada año se reúna y acuerde el volumen de agua a trasvasar con un máximo de 19,99hm3. En 2021 se han transferido 7hm3 de agua para uso urbano y de regadíos con el respaldo de la trasferencia de 4,99hm3 que aprobó en 2008 el Consejo de Ministros y que se anula y engloba en la de 19,99hm3.

El agua superficial debe llegar al entorno de Doñana con el fin de cerrar pozos para riego en parcelas legales y beneficiar el mejor estado del acuífero 27. Para ello es necesario e indispensable que se construya la segunda balsa del Anillo Hídrico de Huelva, y una tubería que opere como Anillo Hídrico del Condado, obras declaradas de interés general.

Nos consta que las infraestructuras hídricas necesarias en la Demarcación del Tinto-Odiel-Piedras (DTOP) que son competencia de la Junta de Andalucía ya están ejecutadas o se están ejecutando. También tiene financiación y avanza el proyecto, ya con la DIA, del desdoblamiento del túnel de San Silvestre, pero falta finalizar la presa de Alcolea, a pesar de que desde 2007 dispone de financiación y Convenio de Regulación: el 50% lo aporta el Estado y el 50% la Junta, con recuperación de coste por los usuarios, según establece la Ley y DMA de la UE.

Sin embargo, en la Demarcación Guadalquivir hasta ahora solo se han construido conducciones y redes de riego para las 814ha de la CR Fresno Guadalquivir. No se han proyectado aun las 2.125ha para los 9,56hm3 a trasvasar a la CR del Condado y otras. Tampoco se ha contestado a dos propuestas de la Junta Central de Usuarios presentadas por actuales y potenciales usuarios de los 19,99hm3 que necesitan el agua para cerrar pozos. Hay que tener en cuenta que las 5 comunidades de regantes de los subsectores de Almonte Marismas ahora también demandan agua superficial para cerrar pozos, como interesa para mejorar el mal estado del acuífero 27. En el Condado es necesaria una reflexión y diálogo porque hay que reconducirlo todo.

La Junta de Andalucía debe concluir la ejecución del Decreto 178/2014 que aprueba definitivamente el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadíos al norte de la Corona Forestal de Doñana, el cual no concreta ni la superficie a regar ni el agua disponible, pero crea una Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Especial en la que COPREHU advirtió que no están representadas ni la asociaciones de agricultores ni las comunidad de usuarios de agua del territorio, y que justificó que el Parlamento aprobó una PNL que el Congreso confirmó con la Ley 10/2018. Esta comisión debe cerrar la superficie, cuyo total se debe determinar analizando caso por caso, atendiendo todos los recursos, incluso los contenciosos administrativos.

Es evidente que quedan casos por resolver para determinar las superficies que se están regando y quedan excluidas. WWF dice que son 1.903ha; la PL habla de 1461ha, mientras la Plataforma de Regadíos del Condado habla de 756,54ha, cifra que es compartida por la Junta de Andalucía y COREHU, que está interesada en saber si el volumen de agua disponible de 19,99hm3 es suficiente y está disponible.