La problemática del campo copó buena parte del pleno de la Diputación Provincial de Huelva celebrado ayer. Las movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias llegaron hasta el salón plenario, donde los grupos de la Cámara debatieron ampliamente la situación por la que atraviesan los agricultores y sus reivindicaciones.

Todos plantearon su propia visión y pusieron el punto de mira en distintas cuestiones sobre las causas de la crisis en el sector agrario: precios en origen injustos, especulación de las cadenas de distribución, competencia desleal de tercero países, aumento del salario mínimo interprofesional, impuestos...

El debate se materializó en tres mociones presentadas por PSOE, Ciudadanos y Adelante Huelva. Previamente se había propuesto aprobar una declaración institucional pero no fue posible por discrepancias entre los grupos.

Las tres iniciativas fueron debatidas de forma conjunta pero votadas por separado. Las tres salieron adelante pero con distintos apoyo. La presentada por los socialistas contó con el apoyo de Adelante y la abstención de PP y Ciudadanos. La que presentó está última formación recibió el apoyo unánime de la Cámara y la que presentó Adelante Huelva obtuvo el apoyo de PSOE y Cs y la abstención del PP.

Consenso en la declaración institucional del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo

La iniciativa socialista propone una serie de medidas para “garantizar las rentas” de los agricultor y “la rentabilidad de sus explotaciones”. Entre ellas establecer como práctica abusiva y, por tanto prohibida, la venta a pérdidas a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, precios justos por ley, índice de costes de producción en los contratos de compraventa de alimentos, que se reconozca la figura de un mediador o árbitro, sanciones ejemplares, etiqueta en origen obligatorio para todos los productos frescos y manufacturados, el control de los productos procedentes de terceros países para evitar la competencia desleal, la venta directa y la realización de las infraestructuras hidráulicas pendientes.

El PSOE plantea que Junta y Gobierno de España “demanden una PAC capaz de aumentar el peso de los productos en la cadena de valor, facilitando normas que mejoren la organización colectiva de los agricultores y establezca un marco jurídico sobre competencias y cadena alimentaria, con reglas del juego claras y uniformes a escala comunitaria”, si bien recuerda que el Gobierno de España ya ha anunciado modificaciones en la Ley de la Cadena Alimentaria.

La propuesta de Ciudadanos de apoyo a las reivindicaciones del sector agrario y transmitir su comprensión, solidaridad y compromiso insta al Gobierno central a adoptar medidas que contribuyan a paliar la situación del sector y ayuden a reactivar su capacidad productiva y generadora de empleo y riqueza y fijadora de la población a las zonas rurales.

La propuesta de Adelante defiende la regulación efectiva del mercado agrario para “garantizar precios justos” en toda la cadena agroalimentaria, fijando precios en origen que incluyan los costes de producción más un margen acordado.

Diputados de la bancada socialista en el pleno de ayer.

El PP presentó una enmienda a la moción del PSOE, que fue rechazada, ya que entiende que es el Gobierno central quien “tiene que afrontar la situación en la que viven los agricultores que no pueden más” y piden que “se baje la presión fiscal y las cotizaciones a seguridad social” por la subida del salario mínimo interprofesional.

Por otra parte, también fueron aprobadas las otras dos mociones presentadas por el grupo socialista con el voto a favor de Adelante. En la primera se pide a la Junta de Andalucía que convoque “de forma inmediata” los Planes de Empleo que se venían convocando desde 2015 y que supondrían 18 millones de euros para Huelva y unos 1.900 contratos.

En la segunda moción, “en defensa de la educación pública” y contra el Decreto 21/2020 de la Junta de Andalucía, que regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato, apoya “cuantas actuaciones sean propuestas” por las asociaciones y organizaciones en defensa de la educación pública de calidad y en contra del decreto.

También obtuvo el respaldo de la Cámara, con la abstención de PP y de Cs, la iniciativa de Adelante en defensa de Canal Sur, mostrando “su apoyo” a las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la radio televisión andaluza y pidiendo que “se cumplan los acuerdos adoptados entre la dirección de Canal Sur y los sindicatos”.

El grupo popular de la Diputación de Huelva.

No ocurrió lo mismo con otras iniciativas que fueron presentadas por Ciudadanos relativas al aumento de la partida destinada al Programa de Fomento de Empleo Agrario y sobre la Empresa provincial de Medio Ambiente, Energía, Vivienda, Suelo y Equipamiento.

Tampoco se aprobaron las presentadas por el PP. Así, el Grupo Popular lamentó que el PSOE se “desentienda” de la Fundación Vázquez Díaz rechazando la moción en la que solicitaba el “apoyo económico para la misma y para que pueda seguir poniendo en valor la cultura pictórica”.

También fueron rechazas otras dos mociones de los populares en las que solicitaban un plan provincial para los pequeños ayuntamientos ante el aumento de ciberataques y un plan de ayudas a los jóvenes postgraduados para frenar la “fuga de talento de nuestra tierra” .

El pleno comenzó con la lectura de una declaración institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En ella se reafirma “el compromiso” de la Diputación “con la ciudadanía y con sus necesidades”, con la igualdad de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional “que persigue el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva”.

Además aprobó por unanimidad el Plan Provincial de Concertación Municipal, diseñado por la Diputación como un instrumento de cooperación y asistencia municipal.