campaña de los frutos rojos | continúan las denuncias

Detenido un capataz por presuntos abusos sexuales a temporeras

  • Las agredidas son mujeres españolas que trabajan en una finca de arándanos en Corrales

  • El hombre está en libertad provisional tras prestar declaración en el juzgado

Dos temporeros recolectan arándanos en una finca de la provincia onubense. Dos temporeros recolectan arándanos en una finca de la provincia onubense.

Dos temporeros recolectan arándanos en una finca de la provincia onubense. / j. landero

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de abusos sexuales al menos a dos trabajadoras de una finca agrícola localizada en Corrales, en el término municipal de Aljaraque. Con ésta son ya tres las personas detenidas por hechos de estas características en fincas de frutos rojos coincidiendo con la campaña de recogida.

El último detenido es un manijero, un capataz de una cuadrilla de trabajadores, de dicha finca dedicada a la producción de arándanos. La detención se llevó a cabo el pasado 7 junio después de que varias trabajadoras, todas ellas españolas, denunciaran haber sido objeto de dichos abusos.

Asaja condena cualquier tipo de maltrato y lamenta "los ataques" al sectorUPA pide reuniones a las administraciones para abordar la problemática creada

Las mujeres fueron contratadas a través de una ETT para labores de recogida de arándanos. Al parecer, el manijero abusaba de ellas bajo amenaza de expulsión del trabajo por bajo rendimiento si hablaban del tema.

Lo ocurrido en esta finca no guarda ninguna relación con las denuncias presentadas por temporeras de una finca de Moguer y otra de Almonte, todas ellas de nacionalidad marroquí.

En el caso de Aljaraque, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva, en funciones de guardia, cuyo titular lo ha dejado en libertad provisional, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Como medidas cautelares, el juez ha impuesto al detenido la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de cien metros de las denunciantes.

El arrestado compareció ante el Juzgado el pasado día 8 de junio y se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Se le investiga por un delito de abusos sexuales.

El Juzgado de Instrucción número 4, en el que constan las denuncias de dos presuntas víctimas, ha dictado auto de inhibición en favor del Instrucción número 2.

El Instituto Armado han indicado que tanto la empresa como la ETT han colaborado en todo momento para esclarecer lo sucedido.

Desde Freshuelva han indicado que la empresa de Aljaraque donde han ocurrido los hechos no forma parte de la Asociación de Productores y Exportadores de Fresas. En cualquier caso, Freshuelva ha dejado claro que el sector es el máximo interesado en que se investigue y que en él no tiene cabida quien esté haciendo las cosas ma, ya que es referente a nivel europeo en contratación en origen y no va a consentir ningún tipo de abusos.

Las organizaciones agrarias también se han pronunciado sobre el tema. Así, Asaja mostró ayer su rechazo y condenó cualquier tipo de maltrato, abuso o actitud inapropiada, tanto en el plano laboral como en el personal, que haya podido producirse en el ámbito agrícola y que sea demostradp por las autoridades policiales y judiciales en el transcurso de una investigación adecuada en el marco del Estado de Derecho. Al mismo tiempo, lamentó "los ataques" que está sufriendo el sector de los frutos rojos.

Asaja-Huelva entiende que "la Administración tiene la obligación de proteger al sector agrícola de ataques como los que viene sufriendo y que, por otro lado, no son una novedad", a lo que añadió que el sector agrícola onubense, especialmente el productor de frutos rojos, "es un pilar fundamental de la economía onubense, creador de riqueza y empleo".

La asociación agraria aseguró que, aunque en un sector en el que participan miles de personas "cabe siempre la posibilidad de que se produzcan situaciones indeseables que deben ser combatidas con dureza, el sector agrícola de los frutos rojos es "un sector ejemplar y vanguardista en todos los aspectos".

Asaja condenará "cualquier tipo de abuso probado por las autoridades judiciales, también defenderá con vehemencia al colectivo y no consentirá que se manche su buen nombre ni se ataque a sus integrantes con intenciones espurias desde la manipulación y la cobardía", afirmó.

También expresó su rechazo y su repulsa hacia "las campañas claramente orquestadas por entidades que pretenden medrar políticamente a costa de estrategias de dudosa intencionalidad, con el único propósito de ensuciar el nombre de un sector integrado por miles de personas y la honorabilidad de estas y sacar de ello los réditos deseados".

"Si el SAT o cualquier otro ente aspira a participar en la configuración y la regulación de un sector como el de los frutos rojos de Huelva, lo que debe hacer es acceder a una representación suficiente con limpieza e integridad, por medio de los mecanismos que habilita para ello la legislación sociolaboral de nuestro país", resaltaron desde Asaja.

Asaja señaló que "la demagogia, la generalización de actitudes que en todo caso serían puntuales, la difamación y la propagación de injurias y calumnias aprovechando la sensibilidad social hacia el colectivo de los trabajadores y la condena pública de personas sin que existan pruebas, suponen prácticas reprobables sobre las que se tomarán las medidas que considere oportunas".

Como parte integrante de la mesa negociadora del convenio del campo de la provincia de Huelva, junto a las centrales sindicales CCOO y UGT, como entidades junto a Asaja-Huelva mayoritarias en su representatividad dentro del sector, la organización agraria lleva décadas debatiendo y cerrando acuerdos en "un ambiente de cordialidad y flexibilidad" por parte de todos los entes negociadores.

Por su parte, UPA-Huelva ha emprendido una serie de medidas para aportar soluciones a la situación acontecida en el campo onubense tras las denuncias por posibles abusos laborales y sexuales en la campaña agrícola. En concreto, ha solicitado reunirse con las distintas administraciones para abordar el asunto e intentar buscar soluciones al respecto. La organización agraria aboga por "medidas en positivo para aportar soluciones al campo onubense".

Desde que se conoció esta situación, UPA se ha posicionado a favor de la actuación de la Justicia, "un trato riguroso de la información y la defensa de un sector que cumple mayoritariamente con sus obligaciones legales de cualquier tipo y cuya imagen y prestigio no pueden verse afectados por casos aislados que están en proceso de investigación".

UPA dejó clara "su tolerancia cero" en cualquier tipo de abuso laboral o contra la convivencia en la diversidad y la igualdad y dejó en manos de la Justicia las denuncias realizadas para trabajar desde su ámbito de acción por una campaña 2018-2019 en la que el sector recupere su prestigio.

La organización destaca la dedicación y el esfuerzo que, desde hace más de 30 campañas, realizan "los recolectores y recolectoras que años tras año repiten en nuestros campos y cuyo trabajo es imprescindible para el sostenimiento del sector".

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