Las deudas continúan acorralando y cercenando el poder de maniobra de las mancomunidades de la provincia. La última en verse contra la espada y la pared por los impagos a proveedores y acreedores es la del Andévalo Minero, quien ha sido denunciada por una entidad mercantil por un posible delito de malversación de fondos públicos al haber, supuestamente, desviado el dinero de una subvención de la Junta de Andalucía que podría haber ido a parar a saldar los salarios de los trabajadores y su equipo directivo.

El administrador único de la empresa Novasoft Ingeniería S.L, Francisco José Barrionuevo, ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valverde del Camino una denuncia contra el ente supramunicipal, que incluso hace extensible a los alcaldes que forman parte del susodicho organismo ante las sospechas de que pudieran haber contribuido, por acción u omisión, a perpetrar el supuesto de delito.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, sustenta la malversación de caudales públicos en virtud del artículo 432 y siguientes del vigente Código Penal. Barrionuevo explica que su empresa fue adjudicataria del contrato de Prestación de Servicios de Teleasistencia al ciudadano, Tramitación electrónica, que puso en marcha la Mancomunidad por importe de 468.097 euros.

La empresa mantiene en su escrito que, durante el desarrollo y ejecución del contrato, el trabajo se desarrolló sin mayores contratiempos, como así certificaría el hecho de que la entidad supramunicipal aceptase la finalización de los trabajadores con fecha 28 de mayo de 2008.

Aun así, Novasoft no ha cobrado ni un sólo euro del susodicho importe, a pesar de que en el contrato se dejaba constancia expresa de que serían "abonados al finalizar las obras sin perjuicio de las entregas a cuenta…".

Los hechos no serían constitutivos de delito si no fuesen por la entrada en escena de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, quien concedió a la Mancomunidad una subvención por valor de 418.823 euros destinados a sufragar esta infraestructura social. Novasoft declara que, "tras el tiempo transcurrido desde su concesión", existen fundadas sospechas de que los fondos podrían "haber sido desviados a cualquier otro destino distinto a aquel para el que fueron concedidos".

La entidad Andévalo Minero, integrada por los municipios del Alosno, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro de Andévalo, Paymogo, La Puebla de Guzmán, Santa Bárbara de Casas y Villanueva de las Cruces, Tharsis y la Zarza; es una las mancomunidades que peor están soportando la crisis económica.

Cabe recordar que al calor de los fondos europeos estos organismos proliferaron en toda la geografía provincial como vehículo con el que gestionar este nuevo maná, creando con ello un enjambre de cargos públicos cuyo sostenimiento se presume insoportable sin las ayudas de la UE. Todas estas entidades están pasando penurias y problemas de liquidez. Es más, incluso algunas ya se han quedado en el camino tras quebrar y dejar a los ayuntamientos con una deuda de 800.000 euros. Fue el caso de la Mancomunidad Condado-Campiña, conocida como la Mancomunidad de caminos. La de la Cuenca Minera también ha sufrido numerosos episodios de impagos a trabajadores, mientras que ahora es la de Andévalo Minero la que sufre las denuncias judiciales de sus acreedores.

Su organigrama está formado por José María Infante, alcalde de Paymogo, como presidente, y Benito Pérez, alcalde de Alosno, y Gonzala Gómez, de Santa Bárbara, como vicepresidentes. El director técnico es Herófito Rodríguez, con quien este periódico ha tratado, sin éxito, de contactar, y el secretario, Luis Santamaría.