Provincia

Condenado a pagar 51.000 euros por extracción ilegal de agua de una laguna

  • Un empresario agrícola desvió durante años, sin autorización, líquido de las Madres para regar su finca. En total extrajo 176.800 metros cúbicos y obtuvo un beneficio de 42.000 euros.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Moguer ha condenado al administrador único de la finca Laguna de las Madres, Antonio Medina Muñoz, por usurpar aguas públicas del Paraje Natural Laguna de las Madres. Esta finca es explotada por la empresa agrícola Sur Hortícola S.L.

El empresario agrícola ha sido condenado a pagar 51.000 euros y se le ha ordenado el cierre y el sellado definitivo de esa captación ilegal de agua. Medina Muñoz acumula dos expedientes administrativos abiertos por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por la construcción de una balsa que afecta al dominio público hidráulico y por esa misma captación ilegal.

 

En la sentencia queda probado que el administrador de Sur Hortícola S.L. extrajo agua de forma ilegal de un espacio protegido y paraje natural entre los años 2009 y 2011 para el riego de unas 17 hectáreas de una plantación de helechos. El condenado, sin permiso ni autorización, realizó obras para disponer de una toma de agua, situada junto a la laguna.

 

La sentencia señala que, a través de este medio artificial sin título legal que lo habilite, con vulneración de la normativa estatal y autonómica en materia de aguas públicas, y sin disponer de contador de caudal, Muñoz  detrajo en total 176.800 metros cúbicos de aguas superficiales, sin pagar ningún precio o merced, obteniendo un beneficio económico ilícito que asciende a 42.432 euros, cantidad que se corresponde con el perjuicio económico ocasionado a la Consejería de la Junta.

 

"El denunciado, a sabiendas de que el agua debe pagarse cuando se usa para fines privados, al igual que se hace en todos los hogares, se dedicó a extraer toda la necesaria para abastecer a su finca. Es más, dejó de instalar un contador volumétrico, con la intención de evitar así cualquier tipo de control por las autoridades competentes, y multiplicar el gasto descontrolado de agua", indica la sentencia.

 

Un elemento que acredita la detracción de agua por parte del denunciado son las visitas e inspecciones realizadas por agentes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía de la Policía Nacional, así como los informes emitidos por Medio Ambiente.

 

El titular del juzgado considera que se ha producido una usurpación-distracción de aguas públicas, por parte del denunciante, al carecer además de autorización legal.

El juez entiende que Muñoz es el autor de un delito leve de usurpación-distracción de aguas públicas y le impone una pena de 180 días de multa con cuota de 50 euros/día, en total 9.000 euros, con la responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas caso de impago, así como al abono de las costas propias del juicio.

 

Además, lo condena en concepto de responsabilidad civil derivada del delito leve de usurpación-distracción de aguas públicas a abonar a la Consejería de la Junta de Andalucía, la cantidad de 42.432 euros, y al sellado definitivo de la toma de agua, situada junto a la laguna. En ella se observa una caseta con una tubería de color blanco en un lateral, que se introduce en el terreno y va dirección a la zona de cultivo, en su parte trasera dos tuberías de color blanco que se introducen en las aguas de la laguna, en el interior una maquinaria de bombeo y como las dos tuberías procedentes de la laguna se conectan a la que va a los cultivos, y todo ello, sin contador de caudal, dando riego al denominado sector 3 de la finca. 

 

La sentencia detalla que el sellado se realizará con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma, con la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado.

 

La sentencia falla a favor de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, CR Palos, que lleva más de siete años denunciando este delito medioambiental, causa en la que también se personó como acusación particular junto con la denuncia pública que ejerció la Fiscalía de Medio Ambiente.

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