La Comisión de Agricultura del Parlamento de Andalucía ha aprobado el dictamen de la Proposición de Ley (PL), con los votos a favor de PP, Ciudadanos, IU y Podemos, y en contra del PSOE, sobre la problemática del Plan Almonte-Marismas. La propuesta fue presentada por el PP y recoge la creación de una comisión de trabajo para dar una solución, en un plazo máximo de tres meses, al conflicto que mantienen los cooperativistas e individuales que optaron por la retirada de los cultivos. La comisión de trabajo estaría formada por representantes de los partidos con representación parlamentaria, el Gobierno andaluz y los afectados.

Los agricultores que optaron por abandonar las tierras (representan unas 160 familias) reclaman desde hace más de diez años compensaciones por los agrarios comparativos respecto a los que optaron por la continuidad de los cultivos, de ahí que demanden la constitución de una comisión que evalúe los perjuicios que se les ocasionó.

Los agricultores que abandonaron los cultivos reclaman compensaciones

Tras la aprobación por parte de la Comisión de Agricultura, la propuesta debería ser debatida en el Pleno del Parlamento, sin embargo sufrirá un aplazamiento debido a la convocatoria electoral en Andalucía anunciada ayer por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para el próximo 2 de diciembre, con la consiguiente disolución de la Cámara. De continuar la proporcionalidad en el Parlamento tras los comicios y los posicionamientos de los grupos en la Comisión parlamentaria, todo indica que la Proposición de Ley saldrá adelante, si como está previsto recibe de nuevo el apoyo de PP, Ciudadanos, IU y Podemos, con lo que se crearía la mesa de negociación.

Los cooperativas y organizaciones interesadas en la regulación de la PL para constituir la mesa comparecieron el pasado mes de julio en la Comisión de Agricultura para exponer sus posturas y propuestas.

En la misma, el portavoz de la comisión de representantes de los cooperativistas, Juan Gamero, denunció la ruptura unilateral de la Junta de Andalucía del acuerdo que establecía dos soluciones para el Plan Almonte-Marismas: optar por la continuidad de los cultivos o la retirada.

Para la primera opción se exigían una serie de condiciones correspondientes al valor del mercado más las mejoras permanentes, la imposibilidad de vender las tierras en al menos ocho años, constituir una comunidad de regantes y el pago de las deudas tanto al anterior IARA como al actual IFA.

El portavoz expuso que la mayoría de las cooperativas que habían estado cultivando las tierras no podían cumplir las condiciones para el acceso de la propiedad, por lo que optaron por la retirada. Lo hicieron 21 cooperativas y un particular con un total de 1,023 hectáreas. Mientras, 8 cooperativas y 21 individuales, con 445 hectáreas, optaron por la continuidad.

Los cooperativistas e individuales que dejaron los cultivos denuncian desde hace tiempo que las condiciones pactadas inicialmente fueron modificadas en beneficio de quienes decidieron seguir con la actividad y en perjuicio de los que aceptaron abandonar los cultivos.

Así, según Gamero, de las cooperativas que se quedaron con los cultivos, todas menos dos vendieron las tierras y lo hicieron antes de los ocho años que se requerían para la venta. Tampoco se cobraron las mejoras permanentes y por lo tanto no se actualizaron, además de que la Junta autorizó la venta a terceros incluso antes de que recibieran las escrituras de propiedad. También que desde la firma de la venta hasta obtener las escrituras, no se abonó canon alguno ni por las hectáreas iniciales ni por las que se concedieron de más.

Los cooperativistas entienden que en el proceso ha habido irregularidades, que han sido engañados y que se ha producido un claro perjuicio a los agricultores acogidos a la retirada, al mejorar sustancialmente y de forma unilateral las condiciones de acceso a la propiedad a los que optaron por seguir con los cultivos.

Los agricultores sostienen que de haberlo sabido, también hubieran optado por la permanencia, al tiempo que denuncian que a los que continuaron se les permitió que realizaran operaciones de compra venta de los terrenos concedido por la Administración con unas plusvalías millonarias.

Los que optaron por la retirada entienden que al romperse el acuerdo, éste dejó de existir, como expuso Gamero en la Comisión de Agricultura. También que ni siquiera se tuvo en cuenta que el Parlamento andaluz fue el que aprobó el acuerdo y creó una comisión de seguimiento.

Desde 2004, cuando tuvieron conocimiento de las irregularidades los cooperativistas trasladaron el problema a los responsables provinciales de Agricultura para buscar una solución a los agravios que se habían creado, solución negociada que no llegó, según Gamero. A partir de 2008 comenzaron las conversaciones con los partidos políticos, que se han traducido en la presentación de varias proposiciones no de ley y en ésta última Proposición de Ley que será debatida en la Cámara andaluza.