El Juzgado número 1 de lo Social de Huelva acogió ayer la primera de las vistas de los trabajadores 'despedidos del Ayuntamiento de Bollullos tras prosperar la moción de censura suscrita por los representantes de IU y PP.

Aunque el grueso de afectados comparte letrados, la demanda ha sido cursada a título individual por parte de 30 de los 40 trabajadores que en su día se vieron afectados por la medida institucional. Cabe recordar que siete de ellos han sido posteriormente 'readmitidos' en sus antiguos puestos, por lo que optaron por no presentar demanda alguna.

En las cerca de dos horas que duró esta primera vista, los seis afectados llamados a declarar apuntaron que el despido tuvo orígenes "políticos y nunca de índole laboral".

Al respecto afirmaron que, una vez envestido Francisco Díaz como alcalde, ellos continuaron ejerciendo las funciones encomendadas con total normalidad antes de que se produjese la fatídica decisión municipal. Asimismo, subrayaron que el contrato firmado con Carlos Sánchez en los últimos días de su mandato y que les ligó con la institución municipal "suponía una mejora de las condiciones laborales y nunca un nuevo contrato".

La siguiente vista ha sido emplazada para el 19 de mayo en la que testificarán el resto de los afectados.

Entre tanto, el portavoz de los trabajadores, Jaime Fernández, se mostró ayer moderadamente satisfecho del curso de los acontecimientos a la vez que se congratuló de que el fiscal sostenga que existen claros indicios que apuntarían a que "los despidos fueron ejecutados de forma discriminatoria y no por falta de consignación presupuestaria, pues la medida sólo afectó a los trabajadores contratados por el alcalde socialista".

De este modo, el portavoz señaló que esta afirmación quedaría refrendada cuando se demostró que la institución tuvo que recurrir posteriormente a la contratación de nuevos efectivos para cubrir las vacantes dejadas por los afectados.

El colectivo también acusó al equipo de gobierno de "falsear" la realidad cuando justificaba su decisión alegando que los contratos fueron ilegales por firmarse en las postrimerías de la moción de censura, máxime teniendo en cuenta que gran parte de esta plantilla ya ejercía antes de la firma del nuevo contrato.