Indignación, solidaridad y empatía con los diez procesados eran los sentimientos que corrían por las venas de los más de doscientos ciudadanos que brindaron su respaldo a los vecinos que ayer eran juzgados penalmente por la manifestación acontecida el 2 de julio de 2006, que acabó con el corte de la A-49. Diez rocianeros que se enfrentan a una pena global de cerca de dos años de prisión de confirmarse la petición del fiscal, quien exige 12 meses por los supuestos desórdenes públicos que se produjeron aquella tarde y 10 más por desobediencia a la autoridad durante la reclamación de servicios de urgencias.

El temor de la jueza a que el proceso judicial se demorara le hizo dividir su desarrollo en dos sesiones: la de ayer, con la toma de declaración por parte de los imputados y los testimonios de los agentes presentados por del fiscal; y la del jueves, en la que asistirán los testigos llamados por la defensa.

Pero la jornada estuvo protagonizada por la presencia masiva de rocianeros que colapsaron literalmente con su presencia las dependencias judiciales.

Una vez allí los ciudadanos escenificaron en todo momento su repulsa a la apertura de diligencias por parte del ministerio fiscal, si bien ese malestar se hizo patente con un sepulcral silencio y presidido por un decoro que incluso permitió a los presentes ocupar todo el pasillo de los juzgados hasta el mismo inicio de la sesión. Al interior accedieron los diez imputados y cerca de cuarenta acompañantes que llenaron el aforo de la sala, tras lo cual se cerraron las puertas y se dio apertura a la vista.

Fue sólo tras ese momento cuando los policías nacionales recibían órdenes de su señoría de despejar "los pasillos", por lo que los agentes invitaron a los presentes a salir a la calle. Una decisión que sentaba un gran malestar entre los presentes, quienes alegaban el "intachable" comportamiento que estaban teniendo y, por consiguiente, que se les privara de permanecer aislados del frío.

Ya en la intemperie de la calle los vecinos aguantaron estoicamente la salida de los procesados a los que recibieron con aplausos y al grito de "yo también estuve en la autopista".

Allí volvieron a recriminar la actuación del Ministerio Fiscal, que en su opinión ponía en entredicho la labor que hasta ahora ha venido ejerciendo la Justicia y, por ende, el papel que ha jugado en todo el conflicto la Subdelegación del Gobierno.

Los ciudadanos pedían explicaciones sobre la razón que subyace en que una manifestación del calibre de la acontecida el 13 de marzo de 2006, con 3.000 personas cortando la autopista en ambos sentidos, no sea objeto de delito, mientras que la del 2 de julio, en que se cortó la vía en un solo sentido, sea el detonante de que diez ciudadanos "elegidos de forma arbitraria" se enfrenten a penas de 22 meses de prisión.

Con respecto a la sesión y según ha manifestado el público a este periódico, la misma comenzó con el visionado de un video de unos 40 minutos de duración en los que se filma todo el desarrollo de la manifestación y en los que se constataba la presencia de los imputados en la marcha ciudadana. Tras su visionado el fiscal tomó declaración a los imputados interrogándoles en cuestiones como si habían participado en la manifestación, máxima que no negaron, al igual que la ilegalidad de la marcha. En esta última cuestión si existieron matices por parte de los procesados si bien reconocieron que su intención primigenia no fue cortar la autopista, si bien se sumaron una vez la alcanzaron el resto de ciudadanos que entraron campo a través. Acto seguido se les cuestionó si conocían la legalidad de la marcha y si alguno de ellos cortó la valla de acceso a la autopista, algo que negaron de plano. Esta afirmación fue posteriormente corroborada por los propios agentes de la Benemérita, uno de los cuales aseguró ver a un grupo de jóvenes asaltando la valla y accediendo a la vía para acto seguido cortar el tráfico. Según estas mismas fuentes los guardias civiles llamados a declarar por el fiscal incurrieron en pequeñas contradicciones sobre el grado de tensión y el forcejeo que existió en la concentración.

A la salida de la vista el letrado de la defensa, Ramiro Guinea, se mostraba confiado en la absolución de sus clientes, si bien se mantenía cauto a la hora de abordar los pormenores de la actuación del fiscal y la defensa que llevará a cabo. En línea con esta estrategia emplazó a los medios de comunicación al 4 de diciembre, fecha en la que se pronunciará sobre las pruebas y los testigos llamados por la defensa.

El respaldo institucional se situó al mismo nivel que el popular con la presencia de la secretaria del PA, Pilar González, quien mostró su solidaridad con los procesados, tres de los cuales ejercía como concejales de su partido en la anterior legislatura. A nivel provincial fue su secretario, Francisco Ramos, quien cuestionó las razones por las que un grupo de ciudadanos con un comportamiento exquisito en sus acciones y protestas se le abre diligencias penales cuando no existió esta respuesta en el momento en que "transportistas y pescadores cortaron la A-49".

Para el representante andalucista esta decisión sólo tiene una lectura: "no comulgar con los preceptos y dictados socialistas y levantarse a reclamar un derecho inherente a un estado de derecho como son un servicio sanitario las 24 horas, como correspondería a un municipio con cerca de 8.000 habitantes".