paLOs de la frontera

Carmelo Romero ve la mano del PSOE detrás de la denuncia en su contra

  • El regidor palermo habla de una "cortina de humo" y de trabajo sucio del denunciante

  • El secretario de Organización de los socialistas onubenses pide explicaciones a la dirección del PP

El alcalde de Palos de la Frontera y diputado nacional por el PP, Carmelo Romero, considera que detrás de la denuncia presentada por Cristóbal Rojas, el concejal palermo de la Asociación de Independientes Parlermos (APIN), está el PSOE en un intento de desbancarlo de la Alcaldía y como cortina de humo para tapar el supuesto caso de corrupción de Aljaraque por la moción de censura fallida. Al ser Romero aforado, la denuncia ha llegado a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha abierto diligencias de investigación por presuntos delitos de prevaricación y malversación.

El alcalde no descarta tampoco que la denuncia presentada obedezca a una oferta de trabajo propuesta a la compañera de filas de Rojas. Éste último presentó en la Fiscalía de Huelva la demanda después de solicitar a Romero información sobre la contratación de personal, supuestamente fraudulenta, en el Ayuntamiento y unas facturas de un empresario local relacionado con un concejal.

La Fiscalía del Supremo investiga supuestos delitos de prevarización y malversación

Romero acusó a Rojas, al que llamó "chaquetero", de hacerle el trabajo sucio al PSOE, el cual busca una cortina de humo para desviar la atención.

La denuncia fue presentada el pasado mes de agosto pero los hechos denunciados son de años atrás, desde 2011, por lo que el alcalde dijo no entender por qué se produce en estos momentos.

El alcalde de Palos no ha desvelado si declarará o no ante la Fiscalía del Supremo y recordó que Rojas es "un concejal que fue primer teniente alcalde en el Ayuntamiento conmigo cuando era del PP y que ahora pertenece a APIN, grupo que tiene dos concejales, él y otra compañera que también en su día fue hasta secretaria general del PP en Palos de la Frontera".

También apuntó que desde que dejó las filas del PP, junto a Teresa Prieto, también exmiembro del partido y ahora concejal de APIN, la tónica de Rojas ha sido la de poner denuncias al equipo de gobierno ante órganos administrativos, juzgados y el Defensor del Pueblo.

El regidor aseguró que la acción del concejal de APIN podría vincularse con la posibilidad de que llevara aparejado un puesto de trabajo para su compañera de grupo, y ha puesto sobre la mesa las posibles semejanzas con el caso de Aljaraque.

Mientras, el secretario de Organización del PSOE de Huelva, José Fernández, ha pedido al presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, y al regional Juanma Moreno, que se posicionen sobre la apertura de diligencias contra Romero y digan si van a pedir responsabilidades al alcalde o va a mantener su presunción de inocencia, aspecto que no aplican al resto de partidos cuando se da una circunstancia parecida.

Tras señalar que Romero es "conocido" en la localidad por cuestiones relativas a las contrataciones en periodos cercanos a comicios electorales, "como hemos venido denunciando", el socialista criticó que "vulnere" el derecho de la oposición de acceso a la información, algo por lo que ya incluso fue condenado".

El secretario de Organización del PSOE mostró su desacuerdo con que el alcalde palermo entienda como una cortina de humo lo ocurrido, cuando es la Fiscalía del Tribunal Supremo la que abre diligencias.

Fernández quiere saber qué piensan González y Moreno Bonilla cuando es un alcalde y diputado de su partido el investigado por un presunto caso de malversación y prevaricación y dijo estar ansioso por escuchar a los dirigentes populares al respecto.

Rojas asegura que, en el ejercicio de sus funciones como concejal, solicitó de forma reiterada el acceso a los expedientes de contratación del personal laboral en los departamentos y entidades señalados con anterioridad mediante escritos dirigidos al alcalde, sin que accediera a sus peticiones.

Esto motivó que Rojas presentara una demanda por lo contencioso-administrativo sobre la que se dictó sentencia. Esta considera los hechos probados y que no se le había facilitado la información requerida de forma reiterada al regidor. Además, que sí se le había proporcionado una documentación, pero que no se correspondía con los expedientes de contratación solicitados.

Tras dicha sentencia, el Ayuntamiento continuó sin permitir el acceso al denunciante a los expedientes, "simplemente porque no existen", de lo que se deduce que la contratación se realizó de forma arbitraria, según el denunciante.

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