La aprobación del Plan de la Corona Norte de Doñana no ha supuesto ni mucho menos el final del conflicto por el agua en la comarca. Los regantes reclaman que se siga avanzando en la regularización de los cultivos y que se concedan autorizaciones para el riego de las 9.340 hectáreas incluidas en ese plan y así lo reivindicaron en una concentración a las puertas del Consejo de Participación de Doñana el pasado viernes. Pero mientras tanto, y después de que la Fiscalía haya ordenado el cierre cautelar de los pozos de Matalagrana, los agricultores piden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que apruebe concesiones en precario de agua subterránea, una moratoria hasta que llegara la regularización definitiva. Sin embargo, la respuesta de la CHG es negativa: no habrá agua en precario.

Así lo explicó a la Plataforma Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado el presidente de la CHG, Manuel Romero, en una reunión el pasado viernes en la que estuvieron presentes el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez; el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y el diputado nacional del PP por Huelva, Juan Carlos Lagares. El presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, aseguraba ayer en un comunicado que esta reunión "no ha cubierto nuestras expectativas en cuanto a consecuciones para el sector". La Plataforma mostró su "decepción" con la implicación del Gobierno central en este asunto.

La CHG explicó además en ese encuentro que espera tener próximamente el resultado de un estudio elaborado por el Instituto Geológico Minero (IGME) que determinará la situación del acuífero de Doñana. La regularización de las concesiones definitivas de agua dependerá de este informe que divide el acuífero en tres zonas, para ver en cada una de ellas su afectación.

Tras la aprobación del Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana la Confederación aseguró que "tendrá en cuenta las zonas establecidas como regadío y se les buscará solución". Pero también recuerda que el trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua depende de la aprobación de una ley, "lo que retrasará demasiado la llegada de esta agua", lamentó Picón.

En el mismo sentido se pronunciaba ayer el presidente de la Comisión Promotora de Regadíos de Huelva, Juan Antonio Millán, quien criticó que la Confederación haya dado un plazo de hasta tres años para aprobar el trasvase de agua. "No se puede tardar tanto cuando hay recursos disponibles", señaló Millán, reclamando que la ley necesaria "se tramite por urgencia". Además, señaló el representante de los regantes, una vez que se inicie la tramitación de la ley "la CHG podría dar autorizaciones provisionales, que garanticen la disponibilidad de agua para cada una de las hectáreas incluidas en el plan". Y con esa disponibilidad se podría pedir a la Fiscalía que levantase la medida cautelar de cierre de pozos en Matalagrana.

La Plataforma solicitó en este encuentro la creación de una comisión de trabajo que reúna a la Junta de Andalucía, la Confederación y a la Plataforma. Y mientras tanto, mantiene la manifestación del día 15 de enero en Huelva capital y ha agradecido a los agricultores afectados su comportamiento. "A pesar de que lo están pasando mal están demostrando una gran entereza. Así queremos que siga siendo, sin perder los nervios", concluyó Picón.

Por su parte, el PP asegura que la Confederación estudia la posibilidad de otorgar concesiones a la finca Matalagrana dentro del nuevo marco legal establecido. El diputado nacional Juan Carlos Lagares rechazó "la inmediatez que exige la Junta de Andalucía para autorizar concesiones en la comarca onubense del Condado" y recordó que la Junta "ha tardado siete años en aprobar el Plan de la Corona Forestal".