Un psicólogo, un inspector de consumo y tres supervisores de obras son tan sólo algunos de los cargos que mantiene en nómina la plantilla municipal de Bollullos y a los que el equipo de gobierno está buscando una 'recolocación' dentro de su organigrama laboral, al objeto de que éstos presten "un verdadero servicio a los ciudadanos".

Desde IU se asegura que los 50 trabajadores contratados días antes de que fructificara la moción de censura, por el entonces alcalde, Carlos Sánchez, han atomizado la plantilla municipal "en un declarado intento de bloquear y asfixiar económicamente el margen de maniobra y los futuros proyecto del nuevo equipo de gobierno, a la vez que se premiaba los servicios prestados a sus militantes y acólitos".

Para el alcalde, Francisco Díaz, lo más flagrante de la medida es que dichas contrataciones no se han realizado atendiendo a criterios de necesidad con el fin último de cubrir plazas vacantes o al objeto de mejorar la eficiencia de los servicios que presta la institución, sino que "en esta maniobra solo prevaleció el interés por colocar, con cargo al heraldo público, a familiares directos o integrantes de la lista electoral con la que el PSOE concurrió a los pasados comicios municipales".

De esta manera, lamenta Díaz, recibimos "una herencia que sitúa los empleados municipales en 240, cuando la capacidad económica del ente local aconseja que esta se ubique en torno a los 150", a fin de casar las metas de prestar un óptimo servicio al ciudadano a la vez que no se lastra la capacidad de emprender futuras inversiones.

El primer edil también ha arrojado nuevos datos sobre esta delicada coyuntura económica que atraviesa la institución local, apuntando que en el mes de junio se "han tenido que destinar hasta 600.000 euros al pago de nóminas, mientras que hemos descubierto una deuda a la Seguridad Social por la misma cuantía".

Bajo este panorama, Díaz ha exigido una mayor implicación de los trabajadores para cumplir determinadas tareas que no se enmarcan directamente dentro de su categoría profesionales, al entender que "no podemos tener un psicólogo que se dedique meramente a ejercer estas labores ni contar con siete administrativos para un solo departamento o tres inspectores de obras para supervisar las infraestructuras que acomete el ente local".

Por ello, el nuevo edil ha apostado por buscar fórmulas para repartir la carga de trabajo entre todos los funcionarios y mejorar la eficiencia de la administración, una tarea que no se presume nada baladí, apostilla el edil.

Entre tanto, en el PP están a la espera de conocer el informe de un abogado que se encuentra estudiando de forma pormenorizada cada una de esas 50 contrataciones. El objetivo no es otro que conocer si los socialistas "supuestamente incurrieron en fraude de ley" y, por ende, esos contratos laborales podrían ser considerados como nulos.