El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Punta Umbría ha impugnado ante el tribunal contencioso-administrativo el acuerdo plenario referido a la convocatoria de una consulta popular sobre la zona ORA en el municipio y ha solicitado su suspensión cautelar. Esgrime la existencia de informes de Secretaría e Intervención que consideran que "infringe el ordenamiento jurídico".

Dicho acuerdo, según detalla el Ayuntamiento en un comunicado, "afectaría directamente a materias propias de la Hacienda local, hecho que prohíbe expresamente el referido artículo 2 de la Ley 2/2001 de 3 de mayo, de Regulación de Consultas Populares Locales en Andalucía". Por ello, los concejales del equipo de gobierno municipal han interpuesto el recurso contencioso-administrativo por el que se impugna el citado acuerdo, adoptado en el Pleno ordinario del pasado 28 de septiembre.

El acuerdo de pleno recogía como único punto la propuesta de acordar la convocatoria de consulta popular al amparo de lo previsto en la Ley 2/2001 de 3 de mayo, de Regulación de Consultas Populares Locales de Andalucía. La pregunta sería: ¿Quiere usted que el Ayuntamiento haga todas las acciones encaminadas (negociaciones, compensaciones, revisiones de contratos, etcétera) para que la zona ORA sólo esté en vigor en zonas comerciales (calle Ancha, Paseo de la Ría y Avenida de Andalucía), del 15 de junio al 15 de septiembre?

Por su parte, el portavoz de Unidos por Punta Umbría (UPU) y autor de la moción que se aprobó en el Pleno, José Carlos Hernández Cansino, mostró su "extrañeza" por el hecho de que "sea el gabinete de prensa del Ayuntamiento el que anuncia lo que va a hacer el grupo socialista", ya que el Ayuntamiento "ya se pronunció en pleno". El portavoz de UPU achaca esta postura a que "no asumen perder una votación y quieren buscar cualquier excusa legal" contra lo que la mayoría del Pleno "legítimamente ha adoptado".

Del mismo modo, el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Punta Umbría también mostró su sorpresa por el hecho de que "los informes" a los que alude el equipo de gobierno "no estuvieran el día de la votación en el Pleno".

Para Hernández Cansino, está claro que la alcaldesa "defiende los intereses de la empresa y que no quiere ni oír hablar de lo que quieren los ciudadanos en este tema porque intuye que perderían el referéndum".

Por último, el presidente de UPU dijo que "no es cierto que el referéndum contravenga la legislación en cuanto al punto de la Hacienda local" ya que la pregunta va dirigida a "iniciar los trámites necesarios" y en ningún caso es vinculante, por lo que la cuestión "no afecta directamente a la Hacienda Pública", concluyó.