La Audiencia Huelva ha anulado un contrato de permuta financiera de tipos de interés firmado por el Ayuntamiento de Cartaya en 2007, entonces gobernado por el PSOE, por lo que la entidad bancaria tiene que devolver 652.000 euros pagados y exime al Ayuntamiento del pago de los 1,6 millones de euros que quedaban pendientes.

La sentencia de la Sección Segunda de lo Civil de la Audiencia Provincial de Huelva, con fecha 11 de mayo de 2020, basa su fallo en jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a este tipo de productos, y da la razón al Ayuntamiento en la batalla legal que este inició en 2014 contra dicha operación financiera que se llevó a cabo sin los informes de la Secretaría y de la Intervención Municipales, según informó el Ayuntamiento.

Esta operación en concreto se basó en la contratación de un producto financiero llamado SWAP, con el que se contrató la permuta de los tipos de interés de dos préstamos suscritos por el Consistorio, uno para la construcción del Mercado de Abastos (5,6 millones de euros), y el otro para la mejora de las instalaciones deportivas (1,7 millones de euros).

Estas dos operaciones de crédito estaban sujetas a un tipo de interés variable en función del euríbor, y con la contratación de este producto, el Ayuntamiento transformó los pagos variables de los citados préstamos, ligados al euríbor, por pagos a tipos de interés fijo.

De esta forma, señala el actual concejal de Economía, Juan Polo, “este Ayuntamiento, a las puertas de una crisis económica gravísima, cambió tipos de interés variables, bastante ventajosos entonces, por de interés fijos, que resultaron más altos, porque la permuta se produjo justo antes de que los tipos de interés cayeran en picado como consecuencia de la crisis”.

En 2014, ha detallado Polo, “tomamos la decisión de reclamar e iniciar una batalla legal contra este producto financiero, por considerar que era una operación especulativa y de riesgo, que nos iba a costar sólo en la diferencia del pago de los intereses 2,3 millones, y ahora la Justicia nos ha dado la razón, determinando que la entidad bancaria en cuestión debe devolvernos el total pagado, que asciende a 651.900 euros, más los intereses, y además, nos exime del pago de 1,6 millones de euros que quedaban pendientes”.