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La Audiencia Nacional investiga los abusos a temporeras en el campo

  • El juez Pedraz considera que las denuncias hacen presumir la existencia "de infracción penal"

Grupo de temporeras que denunciaron abusos ante la Inspección de Trabajo de Huelva en junio.

Grupo de temporeras que denunciaron abusos ante la Inspección de Trabajo de Huelva en junio. / álex fernández

El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha decidido incoar diligencias previas de investigación sobre los presuntos abusos sexuales y laborales de los que presuntamente fueron víctimas temporeras inmigrantes en distintas fincas freseras de la provincia de Huelva.

En un auto fechado el 6 de agosto, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado Santiago Pedraz considera que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal".

El magistrado ha solicitado información a la Guardia Civil y a los juzgados palmerinos

Esta decisión se produce tras la denuncia que en nombre de diez trabajadoras de una finca de Almonte interpusieron los letrados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (Ausaj) contra la empresa gestora de la misma y sus propietarios, así como "contra cuantas personas, físicas y jurídicas, puedan ser responsables penales o civiles por los hechos que se relatan y que se irán determinando a lo largo del procedimiento".

Consideran desde la asociación que los hechos denunciados constituyen "presuntos delitos de trata de seres humanos en concurso con delitos de lesa humanidad", considerándose que corresponde la competencia a la Audiencia Nacional.

Concretamente, en el escrito, se narra cómo estas mujeres, en su mayoría procedentes de Marruecos y que llegan a Huelva con contratos en origen, están siendo presuntamente objeto de abusos sexuales y laborales.

Por estos hechos ya actuaron la Fiscalía de Huelva y los Juzgados de La Palma del Condado y se produjo la detención de dos personas, trabajadores de fincas de Almonte y Moguer, que se encuentran en libertad con cargos y están siendo investigadas por un delito de abuso sexual.

Ahora es la Audiencia Nacional la que se suma a esta causa y, tras la denuncia de Ausaj, ha decidido incoar diligencias al "no estar determinadas la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados, ni las personas que en ellos han intervenido", siendo el objeto de las mismas "efectuar esa determinación, y, en su caso, el procedimiento aplicable".

De esta forma, Pedraz dispone, sin perjuicio del informe que el Ministerio Fiscal deberá emitir sobre la competencia de este juzgado para instruir los hechos investigados, librar oficio a la Guardia Civil de Almonte para que remita a su juzgado -o informe en su caso- los expedientes de denuncias relacionadas con los hechos, con inclusión individualizada de denunciantes y juzgados que conozcan de ellas.

También se dirige a los Juzgados de Instrucción números 1 y 3 de La Palma del Condado para que informen sobre los hechos que investigan en este procedimiento y el estado de tramitación de la causa.

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