Varias organizaciones agrarias y forestales han presentado alegaciones al borrador de las ayudas forestales presentado por la Junta de Andalucía al considerarlo "un fiasco" ya que favorece "descaradamente" a las entidades locales por encima de los particulares y deja fuera a las dehesas. Las alegaciones han sido presentadas por Asaja-Huelva, y a las mismas se han sumado Ecohuelva, Grama, Feadefoh (Federación de Agrupaciones de Defensa Forestal de Huelva), Encinal (Foro para la Defensa y Conservación de la Dehesa) y Aproca (Asociación de Propietarios de Caza de Andalucía).

Asaja-Huelva ha enviado al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, una carta en la que manifiesta su más profundo malestar por el diseño inicial de unas ayudas que, tras seis años sin ser convocadas, "suponen más un instrumento de financiación para las entidades locales que una herramienta destinada a contribuir al empuje del sector forestal andaluz en general y onubense en particular".

240.000Hectáreas. Es aproximadamente la superficie forestal con la que cuenta la provincia onubenseA las alegaciones se han sumado Ecohuelva, Grama, Feadefoh, Encinal y Aproca

Así, tras reunirse el grupo de trabajo de medio ambiente, forestal y caza de Asaja, que aglutina a técnicos, propietarios y empresas forestales, la organización ha constatado cómo, por ejemplo, el borrador deja fuera las formaciones adehesadas y como consecuencia, una gran parte de la superficie forestal de la provincia (unas 240.000 hectáreas aproximadamente), algo que no tiene sentido a no ser que la Consejería tenga intención de publicar una línea exclusiva y con dotación presupuestaria suficiente para estas formaciones, algo que Asaja pide que se aclare o bien, en caso contrario, que se elimine este condicionante, al igual que exige que se elimine los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) debido al carácter tan restrictivo que implican.

Además, el borrador incluye el Plan de Gestión Integral de las Dehesas entre la documentación exigida para las explotaciones privadas superiores a 400 hectáreas cuando, según Asaja, estos planes de gestión no están aprobados y reconocidos oficialmente y cuando "se excluye a las dehesas de estas ayudas, al igual que se excluyen del borrador los clareos, claras y otras cortas de mejora de eucaliptos y pinar con destino a madera o biomasa". "Estos puntos son un buen ejemplo del sinsentido al que muchas veces se ven sometidos los propietarios a la hora de concurrir a una convocatoria de ayudas", indica la organización agraria.

Asaja explica que al igual que ocurría en la convocatoria de ayudas de prevención de incendios forestales publicadas este verano, el borrador objeto de las alegaciones obliga a subcontratar los trabajos que se realicen, algo que considera "una auténtica zancadilla para las empresas forestales que son titulares de fincas que deseen solicitar estas ayudas, que cuentan con personal propio -o podrían contratarlo en su entorno-, y maquinaria, en la que ya realizaron su correspondiente inversión".

Al tener que subcontratar, los gastos derivados de este proceso consumen una porción importante de la ayuda concedida, con lo que la subvención no redundaría en la viabilidad de la explotación sino, en todo caso, en la de la empresa subcontratada.

Asaja asegura a la Junta de Andalucía, que impone esta condición con la excusa de "profesionalizar" el sector forestal, que este sector es, de hecho, con ayudas y sin ellas, lo suficientemente profesional, y así lo demuestra ejecutando todos los trabajos preventivos, forestales, selvícolas y de aprovechamiento "cuenten o no con subvenciones para ellos". Esta condición, para la organización, es una clara injerencia de la Administración autonómica en el funcionamiento de estas empresas.

Abundando en el tema, añade que si estas condiciones ya favorecen de por sí a los ayuntamientos, el borrador "se muestra especialmente descarado" en el apartado que refleja la cuantía de las subvenciones y los gastos subvencionables: 300.000 euros como máximo por finca en el caso de los propietarios particulares, mientras que las entidades locales pueden conseguir hasta 500.000 euros.

Por ello, exige a la Junta que se elimine de inmediato esta condición y que el límite presupuestario sea coherente con la finca, con sus características y los trabajos a realizar, y no con el titular de la misma, porque de lo contrario, la Administración se estaría retratando en sus verdaderas intenciones a la hora de publicar la convocatoria.

También considera que "debería limitarse el número de expedientes de los que puede beneficiarse un ayuntamiento, ya que en el caso de consistorios con un amplio término municipal en el que concurran un gran número de fincas, estos podrían copar una importante porción del presupuesto, que recordamos rondará los 53 millones de euros para toda Andalucía".

Las fincas con superficie superiores a las 1.000 hectáreas no se benefician de puntuación por ese motivo, algo que tampoco entiende, ya que "cuanto mayor es la finca más se incrementan los trabajos de explotación", y tampoco se define claramente en el borrador el concepto de finca. Además, el hecho de que el borrador refleje que la superficie de actuación puede ser "toda la finca" puede chocar gravemente con los condicionamientos que impone la Política Agraria Común (PAC).

Así, si la consejería no considera como compatibles estas ayudas con las de la PAC, puesto que puede entenderse que son para finalidades distintas, el sector privado quedaría total y absolutamente apeado de esta convocatoria.

Asaja-Huelva ha pedido en el documento que puntúe el hecho de pertenecer a una Agrupación de Defensa Forestal, lo que supone un compromiso manifiesto del propietario con la protección de su entorno que debe ser recompensado.