La asociación agraria Asaja-Huelva ha asegurado que las ayudas de prevención de incendios forestales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía suponen "un ejercicio de propaganda al margen de los intereses y de la realidad del sector".

Asaja afirma que recibió el miércoles con "estupor" la presentación por parte de la Consejería de la Orden de ayuda para la prevención de incendios en terrenos forestales, primero, porque esta noticia se produce "tras seis largos años de espera por parte de los titulares y del resto de entidades públicas y privadas que podrían beneficiarse de estas subvenciones para las que la administración ha dispuesto un presupuesto de 14,5 millones de euros, eso sí, cofinanciados al 75% por la UE, mientras que la Junta de Andalucía asumiría un 17,5 y el Gobierno central, el 7,5 restante".

La asociación sostiene que, "venga de donde venga el dinero, las ayudas parecen haber sido diseñadas para que nadie las solicite, tal es la exigencia de las premisas establecidas en la Orden". En primer lugar, precisa que "se produce un solapamiento con la PAC, es decir, se descuenta de la superficie declarable para las ayudas de la Política Agraria Común toda la superficie que se dedique a cortafuegos", un punto que fue objeto de alegaciones por parte de Asaja, pero que "la Consejería las ha ignorado alegando que Bruselas exigiría esta condición, algo que carece absolutamente de base legal".

Esta no es la única merma que sufrirían los solicitantes, indican desde la entidad agraria, ya que para poder solicitar estas ayudas, como máximo serán de 60.000 euros por finca, "se exige al solicitante que subcontrate los trabajos". Así, el titular, "aún contando con maquinaria propia o con personal cualificado para realizar los trabajos, o incluso teniendo la posibilidad de poder contratar personal para ello, no podría hacerlo".

"Tendría que realizar los trabajos siempre, obligatoriamente, por medio de una empresa externa contratada al efecto y justificar dicha contratación presentando las facturas pertinentes, algo que además de suponer un gasto adicional bastante importante, invita al fraude o a no presentarse a la convocatoria", consideran desde Asaja, que advierten de que "esta exigencia resulta sumamente grave, ya que va en contra del mantenimiento del empleo dentro de las propias empresas agrarias".

También exige la Orden la elaboración de una memoria técnica, una condición que "no se reflejaba en ninguno de los borradores presentados por la Junta y que por lo tanto no ha podido ser objeto de alegaciones". Para Asaja, esta memoria técnica, que supone un coste más que añadir a la inversión que hay que realizar para optar a las ayudas, "no tiene razón de ser", ya que los solicitantes ya contarían con un proyecto debidamente aprobado por la administración como son los Planes de Prevención de Incendios Forestales.