La vulnerabilidad de la economía española ante la crisis

El impacto en la economía española de las últimas crisis ha sido más elevado que en la Unión Europea y la economía mundial. Reflexionar sobre los motivos de ese comportamiento puede ser de utilidad para enfrentarnos de manera más solvente en el futuro.

La crisis financiera iniciada en 2008 fue provocada por la sobrevaloración de los activos inmobiliarios y el elevado endeudamiento bancario, afectando primero al sistema financiero estadounidense, para extenderse después por el mundo, y derivar en la Gran Recesión. En España se minusvaloró inicialmente su posible impacto por la baja exposición a las hipotecas basuras, pero los excesos del boom inmobiliario, que se financió con un elevadísimo endeudamiento externo, y las restricciones financieras derivadas de la crisis provocaron una contracción económica entre 2009 y 2013 del -8,8% del PIB, mientras que en la UE fue del -1,5% y la economía mundial solo se contrajo un -0,1% en 2019.

Entre los factores explicativos del más grave impacto de la recesión española se encuentra, en primer lugar, un sistema financiero (singularmente las cajas de ahorro) que compitió en la financiación inmobiliaria con mucha liberalidad y con escaso control de las instituciones públicas competentes. Además, la desproporcionada especialización de la economía española en el sector de la construcción y en actividades muy dependientes de la demanda externa, como las turísticas, determinaron que la crisis europea repercutiese adicionalmente en la española. Y, en tercer lugar, no contribuyó favorablemente la política monetaria restrictiva del Banco Central Europeo, ni una política económica interna lenta de reflejos, con medidas coyunturales inapropiadas (como el Plan E), que abordó tardía y muy costosamente la reforma del sistema financiero y que también con retraso aprobó una reforma del mercado de trabajo.

En 2020, cuando todavía no nos habíamos recuperado de las secuelas de la crisis anterior y manteníamos un elevado desempleo y una frágil posición de las finanzas públicas, irrumpió la pandemia de Covid provocando la mayor contracción del PIB de la historia reciente (-10,8%), mucho mayor que en la UE (-5,9%) y en el mundo (-3,1%). La recesión diferencial puede ser explicada por: 1) una estructura productiva con un peso muy elevado del turismo y otras actividades de servicios fuertemente afectadas por las restricciones a la movilidad; 2) las limitaciones del sistema de salud pública en la detección temprana de la pandemia, en la gestión y en la dotación de medios, lo que determinó unas medidas de confinamiento y restricción de actividades de las más severas del mundo; y 3) unas medidas de política económica acertadas (ERTE, facilidades financieras a empresas en dificultades, sostenimiento de rentas de sectores más vulnerables), pero de menor entidad que en otros países desarrollados por las limitaciones financieras derivadas de la resistencia de los gobiernos a la consolidación fiscal y a abordar una reforma fiscal consistente.

Si bien en 2021 se produjo un rebote de la actividad, la recuperación no ha sido ni tan inmediata ni tan intensa como se esperaba por el mantenimiento de la pandemia con nuevas variantes y por las dificultades en las cadenas de suministros y la inflación a ella asociada. No obstante, el rebote ha sido generalizado en el mundo, pero si bien se esperaba que fuese más intenso en los países que más habían sufrido la contracción, este no ha sido el caso de la economía española, cuyo crecimiento ha sido inferior a la media mundial y europea.

En este marco se ha producido la invasión rusa de Ucrania. Aún desconocemos sus efectos en el PIB, pero sorprende que la variable más distorsionadora, la inflación, sea más elevada en España que en la UE a pesar de la menor dependencia del petróleo y gas ruso. Y nuevamente son problemas estructurales los que explican la diferencia: 1) un sistema de fijación de precios de la electricidad que magnifica el encarecimiento de una fuente primaria y la falta de diversificación suficiente de las energías primarias que complementen la variabilidad de la renovables, 2) el mal funcionamiento de algunos mercados, como el de transporte por carretera, distribución de combustibles o alimentación, y 3) hacia el futuro, la derogación del factor de sostenibilidad de las pensiones por la revalorización con la inflación, lo que provocará un aumento del déficit público de 1.800 millones de euros por cada punto de inflación.

En conclusión, la economía española ha sufrido con más intensidad que los países de su entorno todas las crisis recientes por restricciones de carácter estructural. Estas restricciones requieren reformas que son difíciles de adoptar por los costes políticos que suelen conllevar, por lo que se suelen adoptar medidas coyunturales, algunas razonables, pero otras que se explican por su oportunidad política, pero no por racionalidad económica.