Tribuna

Jaime batlle

Profesor de Marketing en la Universidad Loyola

El sainete de la independencia de Catalunya

El sainete de la independencia de Catalunya El sainete de la independencia de Catalunya

El sainete de la independencia de Catalunya

El sainete de la independencia de Catalunya entra en su recta final, como si se tratara de una película en la que una sucesión de despropósitos está a punto de llegar al desenlace.

No está claro si el objetivo final es conseguir un mejor concierto económico o si esto va en serio, en cuyo caso el final promete ser de traca.

Los insensatos políticos catalanes independentistas han generado esta situación al adoctrinar a una población, la catalana, en el ideario nacionalista y lo han hecho cimentando la posición sobre dos bases que no se sostienen; manipulando la historia de forma torticera, adoctrinando a los ciudadanos, especialmente a través del sistema educativo y enarbolando la bandera del victimismo, lo cual ha terminado por calar en un cuerpo social ignorante e inmaduro de lo que es realmente una democracia; extensible, por otra parte, al conjunto de la sociedad española.

Modificar el marco legal corresponde al conjunto de la ciudadanía española, por lo que es imposible que por esa vía la independencia adquiera sustento legal suficiente.

Ante esta realidad los políticos independentistas se han inventado un atajo y entonces dicen: "No, aquí lo que prevalece es lo que emana del Parlamento catalán, que es soberano (?) como expresión de la voluntad popular para declarar la independencia", pasando por encima del marco constitucional al que pertenecen en su ámbito jurídico.

Esta tragicomedia de la que esperamos impacientes el final, acabará como termina casi todo lo que empieza sin pies ni cabeza; me explico, terminará de forma patética porque el final será consecuencia del despropósito de tal pretensión.

Porque...

¿Qué pasará, justo después de que los políticos independentistas hayan declarado a Catalunya como una república independiente?, porque claro, una cosa es subirse a un balcón y proclamar con un megáfono la independencia y otra muy diferente sustanciar con la realidad el estado de la cuestión.

Descartada la independencia legal de Catalunya, quedan dos únicas alternativas, una de las cuales es inviable; el acatamiento a la legalidad vigente y la violencia para adquirir la independencia por la fuerza. Esta última es imposible por varias razones. La primera porque para que la violencia sea posible, primero hay que hacer volar conceptualmente la legalidad imperante.

No es posible el asentamiento de violencia de ningún tipo, formando parte del sistema que se quiere combatir. Es lo que algunos analistas han llamado "derrocar la democracia desde la propia democracia".

En segundo lugar, porque quien conozca el carácter catalán sabe perfectamente que somos gente pragmática que prefiere el pacto al enfrentamiento. Los almogávares nos quedan demasiado lejos y en la guerra de secesión, más reciente, había que buscar por las esquinas a los combatientes austriacistas para defender las posiciones ante el Borbón.

Descartada la violencia y la independencia desde la legalidad, sólo queda la aceptación acompañada de sumisión, por parte de los inconscientes políticos independentistas y los seguidores de esta paranoia. Eso sí, la aceptación forzosa cuando va acompañada de sumisión, da como resultado el victimismo, muy catalán, por cierto.

Y entonces tendremos a la mitad de los catalanes en estado sumiso-cabreado y a la otra mitad como espectadores del sainete frustrado.

El problema es que el estado sumiso-cabreado es muy recurrente. En función de la capacidad de vulneración de derechos de la mitad independentista a la otra mitad, el Estado tendrá que intervenir, quizá suprimiendo la autonomía de forma temporal, y ese será el precio a pagar por la irresponsabilidad de no haber sabido poner límites de manera democrática, responsable y con sentido de cuando debió hacerlo, hace ya demasiado tiempo.

Un referéndum de esta naturaleza de una mitad contra otra mitad, no tiene sentido. Otra cosa es que haya como mínimo entre dos tercios y un 70% de ciudadanos catalanes a favor de la independencia. Sólo en ese caso el Estado español podría promover un proceso de desconexión gradual y negociado, asegurándose de forma fehaciente de que no serían vulnerados los derechos de los catalanes no independentistas; todo ello con poder real de parar el proceso, si tal no fuera el caso.

Hoy esta mayoría pro independentista no se da en la sociedad catalana. Con la mitad más uno no se puede argumentar que esto lo deciden sólo los catalanes. Resulta un argumento poco sólido.

Mientras tanto, en esas estamos, esto no es más que una ópera bufa.

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