El reto de la productividad

España ha recuperado el nivel de competitividad relativo después de su pérdida en los años del boom inmobiliario y financiero. En esos años, que van desde comienzos del siglo hasta el inicio de la crisis, la fiesta del dinero produjo activos sobrevalorados -en parte, invendibles-, y un aumento de rentas generalizado, tanto de las rentas del capital como las del trabajo. Los salarios en particular aumentaron significativamente, provocando que los costes laborales unitarios (principal componente de los costes de producción) aumentasen hasta un 25% entre 2002 y 2008, el triple que en la Eurozona, lo que se tradujo en una pérdida de competitividad de la economía española, y lo que a su vez contribuyó al desmesurado déficit exterior y al elevado endeudamiento.

A estos factores se hubo de enfrentar España de forma diferenciada respecto a los países de nuestro entorno desde 2009, lo que explica los costes diferenciales en términos de renta y empleo de la crisis para los españoles. A partir de 2010 los salarios empezaron a descender en términos relativos hasta 2014 y, con ellos, los costes laborales unitarios, gracias a lo cual han ido aumentando de forma notable las exportaciones, se ha ido saneando nuestro déficit externo y restaurando el nivel de competitividad de España respecto a la Eurozona en 2017.

Sin embargo, las mejoras de la competitividad alcanzadas gracias a la devaluación interna por la presión a la baja de los salarios tienen un recorrido limitado, pues, como alertan los organismos internacionales, son muchos los países en desarrollo que tratan de competir sobre la base de actividades soportadas por empleo barato. Además, se extiende la presión social para recuperar los salarios, lo que apoyan también muchos expertos por los efectos vigorizantes en el consumo, que se está desacelerando en los últimos trimestres. De hecho, parece que en 2018 se producirá una recuperación de los salarios reales como parecen indicar las previsiones de los convenios colectivos, el aumento del salario mínimo, las previsiones de aumentos de retribución de los empleados públicos y la contención de la inflación.

En este contexto, la mejora de la competitividad no podrá seguir teniendo como soporte la contención salarial, por lo que tendrá que descansar sobre el otro componente de la misma: la productividad (producción por empleado), que es el factor determinante del crecimiento económico a largo plazo, y de cuyo impulso deben alimentarse los aumentos salariales. Sin embargo, la productividad viene teniendo un pésimo comportamiento en España en las dos últimas décadas: crecimiento negativo en los años de expansión inmobiliaria y ligeramente por encima de cero en los años de crisis y recuperación.

Los aumentos de productividad se pueden conseguir aumentando la capitalización (capital físico por trabajador), lo que depende de la inversión productiva, o mejorando la eficiencia conjunta del capital y el trabajo, lo que a su vez depende la cualificación del capital humano, de la calidad de la gestión empresarial, de la I+D+i y del marco institucional en el que se desenvuelve la actividad productiva. Además, la productividad de un país también depende de la composición sectorial de la producción, pues no es lo mismo que un país esté especializado en actividades en las que el progreso tecnológico, la innovación y el capital humano cualificado son relevantes, que en actividades tradicionales en las que predominan el trabajo poco cualificado y con bajo contenido tecnológico.

La dinámica de especialización reciente de la economía española no contribuye precisamente a una elevada productividad, pues hemos pasado de una etapa de boom inmobiliario en la que el crecimiento más significativo del empleo se encontraba en la construcción, las actividades inmobiliarias y el empleo público, a una etapa de recuperación en la que uno de cada cuatro empleos creados se relaciona con el turismo, otro 25% con actividades administrativas y profesionales, y un 14% en el sector público.

En consecuencia, el aumento de la productividad es imprescindible para el crecimiento de la economía española en el medio plazo, y ello exige acentuar la especialización productiva en actividades con mayores requerimientos de conocimientos e innovación tecnológica, lo que debe venir soportado por mayor la inversión productiva, singularmente en I+D+i tanto pública como privada, aumentar el tamaño medio de las empresas y mejorar la cualificación del capital humano, para lo que además de inversión se requiere abordar de una vez por todas la reforma educativa.