¡Que paguen los malos!

Suele decir el profesor Rodríguez Braun que si el perro es el mejor amigo del hombre, el del político es el chivo expiatorio. Yahvé pidió a Moisés que eligiera dos carneros y echara suertes entre ellos. Uno le sería sacrificado y el otro, que cargaría con los pecados del pueblo israelita, lo dejaría en el desierto para Azazel, el ángel caído, símbolo de todos los males.

Esta vez, las suertes monclovitas han designado a la banca. Una fijación de la izquierda que aún la ve, como en una desvaída caricatura de entreguerras, representada por tipos orondos, que visten chaqué y chistera y fuman habanos mientras la clase obrera, hambrienta y desharrapada, vive al albur de los caprichos del gran capital. No sólo hemos vuelto a los años 30, en el resurgir de los radicalismos, sino también en el uso indiscriminado de la exageración y la mentira como arma de manipulación social y política. Nada raro cuando ambos llegan siempre unidos de la mano. Hoy, la banca y el Íbex son dos jinetes del Apocalipsis que superan a los cuatro de las Escrituras.

El argumento principal en el que se escuda el Gobierno para gravar aún más las actividades financieras proviene de una curiosa aplicación del principio de reciprocidad: ya que asumimos el coste del rescate financiero, es justo que la banca lo devuelva mediante un impuesto finalista que complemente el sistema público de pensiones. Y aquí es donde el planteamiento supera lo delirante.

Uno de los principios fundamentales de una Hacienda Pública moderna es el de unidad de caja. Los ingresos tributarios engrosan un fondo común desde el que se asignan recursos para hacer frente a las partidas presupuestarias aprobadas por las Cortes. Así, el origen y la aplicación de fondos es solidario: todos aportan para todos sin distinción alguna.

Pero más importante aún es recordar que, aunque los políticos hayan ganado la batalla mediática, el rescate no fue a la banca privada sino a las cajas de ahorros que constituían el último rescoldo de banca pública en España y que, manipuladas por infinidad de analfabetos financieros procedentes de la política, dieron al traste con un sistema financiero que durante tres siglos había socorrido a las clases más populares en la obtención del crédito necesario para cubrir sus déficits de caja o sus inversiones en activos. La burbuja inmobiliaria que se llevó por delante a las cajas la generaron los ayuntamientos que, ansiosos por recaudar más para erigir proyectos faraónicos que nunca veremos, se convirtieron en los principales especuladores de suelo; las comunidades autónomas que no hicieron ascos a la recaudación de ITP y los distintos gobiernos que nos convencieron para adquirir inmuebles a precios desorbitados porque el ladrillo nunca perdía valor y, además, nos podíamos deducir la hipoteca. No obviemos las largas vacaciones del Banco de España, que permitió operaciones garantizadas por activos que no cubrían el nominal y que vulneraban sus propias normas de prudencia en la concesión de préstamos o la aceptación de cláusulas que resultaron abusivas para los tribunales de Justicia y que la entidad inspectora ni se molestó en recomendar que se evitaran. Demasiados responsables para centrar la diana en uno sólo de ellos que, aunque tan pecador como los demás, no tiene por qué ser el chivo expiatorio que enviemos al desierto.

Por último, pero no menos importante, está la repercusión que este impuesto puede acabar creando en el mercado financiero. Cualquier tributo que grave la actividad de un sector concreto siempre tiene un último pagador, el consumidor. ¿Es posible pensar que la banca no va a repercutir parte del impuesto en sus clientes? ¿No lo hizo ya con el que se aplica a los depósitos reduciendo la remuneración de los mismos a un cero casi absoluto? Recaudar impuestos a la banca conllevará un incremento de comisiones y un encarecimiento de la financiación que perjudicará la actividad económica. Le guste o no al Gobierno, los grandes paganos de este despropósito serán los particulares y las empresas. Nadie se queda la patata caliente si tiene a quien pasársela. Más, cuando la propia Administración no nos permite evitar el impuesto porque hoy en día es imposible vivir sin una cuenta bancaria. Los impuestos y las cotizaciones sociales se pagan con cargo en cuenta, los recibos de los servicios más imprescindibles es cada día más difícil abonarlos en ventanillas que no existen y los salarios no pueden abonarse en efectivo si queremos justificar su pago.

En el fondo, ésta es otra decisión demagógica que forma parte de la política de gestos del señor Sánchez que, instalado ya en La Moncloa, pretende tomar impulso para atraer el voto asentado en Podemos que no comulga con los excesos antisistema de algunos de sus líderes. Así que convencerá a los ciudadanos de que los bancos van a pagar en penitencia por sus pecados aun a sabiendas de que el coste final irá a nuestros bolsillos. Pues eso, que paguen los malos, que ya lo abonaremos los buenos.