La democracia liberal, en peligro

La elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil es el último hito de una deriva política que viene produciéndose desde hace algunos años sin que apreciemos su potencial trascendencia: la sustitución de la democracia liberal por sistemas autocráticos o pseudodemocráticos.

Esta deriva histórica tiene motivaciones complejas. Arranca con la intensificación del proceso de globalización en la década de los noventa del pasado siglo, lo que se tradujo en la deslocalización de empresas hacia los países emergentes y sus secuelas de aumento del paro, inseguridad laboral y presión salarial a la baja para muchos empleados de los países desarrollados. Sobre esta dinámica incidió posteriormente la revolución digital, un cambio tecnológico que está produciendo la sustitución de trabajo por máquinas y procesos, y que amplía la inseguridad laboral a un espectro social más amplio. La consecuencia de ambos procesos es el aumento de la desigualdad en las tres últimas décadas y la reducción de la movilidad social vertical, que actuaban como mecanismos de legitimación de las economías de mercado. Más recientemente, el grave impacto social de la crisis económica y el aumento de la inmigración en los países desarrollados han intensificado el malestar social, que tiene entre sus expresiones más relevantes la falta de perspectivas para amplios sectores sociales y la pérdida de confianza en las instituciones democráticas por la incapacidad de dar respuestas satisfactorias a los problemas referidos. Paralelamente, los sistemas democráticos han ido derivando hacia partidocracias en las que el exceso de poder de los partidos políticos y su escaso control externo están limitando la división de poderes y facilitando la corrupción. Además, la ausencia de debate sobre reformas de calado y la falta de colaboración entre los partidos para abordarlas abocan a los políticos a responder a las demandas sociales con ilusas promesas de extensión del Estado de Bienestar hasta en el infinito y, en consecuencia, a la frustración social.

Y en esta frustración encuentran terreno fértil tanto la democracia iliberal como el liberalismo no democrático. La democracia iliberal es la deriva más común que se está produciendo en los países occidentales, en los que el populismo encuentra un terreno fértil con propuestas simples de la mano de líderes autoritarios y nacionalistas que, arrogándose la representación del malestar popular, utilizan el poder como un cheque en blanco con la excusa de "poner orden", como son los casos de Trump, Orban, Kuczynski, Salvini, Duterte, Bolsonaro, Putin o Maduro, que dicen respetar la democracia, pero que desprecian las leyes, los procedimientos, la libertad de prensa y, en definitiva, el control del poder.

La otra tendencia divergente es el liberalismo no democrático; es decir, aquellos sistemas en los que las grandes decisiones no son adoptadas por procedimientos democráticos, aunque existen libertades individuales, una cierta seguridad jurídica y se respetan (no estrictamente) las leyes y procedimientos. Es el caso de China, el país más exitoso del mundo en los últimos 30 años, en el que el Partido Comunista mantiene un poder omnímodo, con escaso respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, pero que con su éxito económico y su pragmatismo está atrayendo a admiradores en todo el mundo emergente.

El problema de estas derivas es que, como la democracia liberal es un sistema con el que convivimos desde hace muchos años, hemos terminado creyendo que es un sistema natural o que, como Fukuyama nos hizo creer en El fin de la historia, se va a ir imponiendo sobre otros sistemas de organización social. Por ello, a diferencia del pasado, no nos vemos impelidos a su defensa y perfeccionamiento. Sin embargo, si bien sus riesgos pueden no parecer tan evidentes como cuando los demócratas se enfrentaron al fascismo o al comunismo en el pasado siglo, el nacionalismo y el autoritarismo, con las nuevas armas de control del poder digital, pueden ser más devastadores que los totalitarismos de antaño. Por ello, como muchas voces reclaman es necesario una defensa activa de la democracia liberal, un sistema social que ha propiciado la paz en el mundo, que ha sido soporte del progreso material, de la ciencia y la innovación, del civismo, de la libertad individual y del rechazo a la discriminación social. Pero la preservación de las democracias liberales exige reformular el contrato social del siglo pasado adaptándolo a las realidades del tiempo que vivimos y revisar la arquitectura de las instituciones que lo sostienen.