Transparencia, universidad y políticos

Asistimos al carrusel de escándalos de obtención por políticos de títulos universitarios con presunto incumplimiento de las condiciones legales. Si algunos parlamentarios y profesores, pertenecientes a círculos con la máxima responsabilidad social, recibieron o dieron tratos de favor, que el Derecho penal los juzgue y que el Derecho administrativo invalide los títulos. Quedan la decepción y el riesgo de que la sociedad meta en un mismo saco a políticos y a profesores honestos y a otros arribistas a los que no le importan los medios para alcanzar su autopromoción y/o enriquecimiento y que desconfíe de la solidez de los títulos universitarios que el común de los mortales obtiene en muchas ocasiones tras no poco afán. En positivo, el papel crucial de la prensa como contrapoder rastreador de la verdad (watch dogs) y que la España de 2018 no vea ya en estas conductas "pecadillos veniales", sino infames ejercicios de arbitrariedad.

En todos estos casos los periodistas han tenido que conseguir la información al margen de los cauces oficiales. El problema no está en la normativa (siempre mejorable) sino en la resistencia a su aplicación. La Ley de Transparencia permite solicitar cualquier información en poder de las instituciones y, si incorpora datos personales, llama a ponderar en función del interés público de la información. La normativa sobre protección de datos remite la cuestión a esa ley, y prevé un mayor peso de la libertad de información cuando se trata de acceder a los datos con fines periodísticos. Hay casos de curiosidad morbosa o denigratoria que no aportan información relevante y en los que puede prevalecer la privacidad (por ejemplo, si el afectado obtenía mejores o peores resultados cuando era estudiante) pero es a la inversa si se trata de comprobar que los profesores cumplen con sus funciones o los alumnos con los requisitos para obtener una titulación. De hecho, el PSOE modificó en 2007 la Ley Orgánica de Universidades para prever la publicidad de las evaluaciones docentes e investigadoras y los currículos de los profesores o de las calificaciones de exámenes, sin necesidad de consentimiento. Ante la falta de publicación oficial, el Consejo de Transparencia, ha aclarado, por ejemplo, que cualquiera puede solicitar información sobre los sexenios de investigación o las acreditaciones de cualquier profesor.

En el caso de las tesis doctorales, su archivo en la Universidad y la remisión de un ejemplar al Ministerio de Educación ya se contemplaban en la normativa anterior y la actual, aprobada en 2011 también bajo mandato del PSOE, prevé además su inclusión por la Universidad en un repositorio en formato electrónico abierto. Es razonable que prevalezca la publicidad, pues la afectación a los datos personales (en general, sólo el nombre del doctorando y de su director de tesis) es mínima y el interés público en constatar la originalidad y la justicia de su calificación evidente, en ocasiones ante sospechas de plagio o prevaricación. Así lo han afirmado el Consejo estatal de Transparencia y también el valenciano (ordenando éste último el acceso inconsentido a la tesis doctoral del ex presidente valenciano Camps).

El tema ahora afecta a la tesis del actual presidente del Gobierno, sobre la que pesan dudas. El año siguiente a su lectura Sánchez publicó un libro sobre el tema en coautoría con el director del gabinete del ex ministro de Industria Sebastián. En 2015, una investigación periodística reveló que la ficha no figuraba en la base de datos oficial Teseo y a los pocos días se introdujo. En 2017, en el fragor de las primarias socialistas en las que apoyaba a la candidata Díaz, Sebastián comentó que la tesis la habían elaborado en un 90% en su Ministerio, a raíz de lo cual Sánchez retiró la mención a su doctorado de su currículum en la página del Congreso, donde siguen figurando otros títulos de menor rango. Ante la negativa inicial a facilitar una copia o a autorizar a la Universidad a hacerlo, los mecanismos legales: el Ministerio derivó la cuestión a la Universidad (pese a tener en su poder un ejemplar y por tanto estar obligado a facilitarlo en virtud de la Ley de Transparencia); el Consejo de Transparencia concluyó sorprendentemente que no está acreditado que el Ministerio tenga ese ejemplar (aunque el propio Ministerio no lo niegue y lo exija tanto la normativa anterior como la actual) y ordenó remitir la solicitud a la Universidad, que al ser privada argumentará que no está sometida a la Ley de Transparencia... Una vez más la información tuvo que ser obtenida fuera de los cauces legales y sólo así se podrá juzgar si el trabajo es personal y original y hay meras referencias de documentos ajenos o si la cosa va más allá. La difusión "voluntaria" de lo ya difundido no aporta nada. Todo ello tras una década en que transparencia ha sido la palabra de moda en boca de los responsables públicos. Hay quien advertía que todo era transapariencia o tramparencia. En todo caso, siempre se necesitarán perros guardianes.