El RD 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud supuso la pérdida de algunos derechos, entre los que se encontraba la universalidad de la prestación sanitaria. Con la condición de "asegurado" quedaron sin cobertura, entre otros colectivos, los inmigrantes irregulares.

Seis años después, el RD 7/2018 vuelve a garantizar el derecho a la protección de la salud y la asistencia sanitaria a los grupos de población que habían quedado excluidos de la misma. Pero el trasfondo de la cuestión no es solo de orden político o legal, sino que se sitúa en un plano superior, aquel que corresponde a la ética.

La salud es un bien que depende de muchos factores, entre los que se encuentran los determinantes genéticos y ambientales. Pero en el logro de una buena salud también interviene el acceso a unos servicios sanitarios de calidad, lo que contribuye a la disminución de la mortalidad y la reducción de las secuelas de la enfermedad.

Es por ello que la Organización Mundial de la Salud ha establecido la cobertura sanitaria universal como un objetivo prioritario en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, lo que considera que es una cuestión ética porque, en palabras de su director general, el Dr. Tedros Adhanom, ¿Aceptaríamos que los ciudadanos mueran porque son pobres?

Una sociedad que se tiene por justa debe preservar los bienes básicos que a todos y cada uno de sus ciudadanos corresponden, entre los que están la protección de la salud y el derecho a la educación.

En la mayoría de las sociedades desarrolladas el acceso al sistema de salud se hace en función de la necesidad y no por la capacidad de las personas para pagar los servicios sanitarios. En esto reside la equidad en el acceso que, al favorecer la protección de la salud, contribuye a la igualdad de oportunidades. Pero, como refiere A. Puyol, este no es el único aspecto de la equidad, también hay otros que están relacionados con los determinantes sociales de la salud como el apoyo social y familiar o las condiciones laborales y económicas, que a su vez son parte de la justicia social.

En este sentido, al negar a los inmigrantes irregulares el derecho a la asistencia sanitaria se estaban generando nuevas inequidades, que se sumaron a las derivadas de su propia situación de pobreza, limitando así la capacidad de desarrollo personal y aumentando su vulnerabilidad. Unas capacidades que, para A. Sen, estarían relacionadas con la libertad individual para decidir el modelo de vida buena que cada uno desea, o también con el requisito para tener una vida digna, si lo vemos desde la perspectiva de M. Nussbaum.

Desde este planteamiento, los ciudadanos pueden y deben exigir a los gobiernos el desarrollo de políticas que protejan la libertad y la dignidad que les vienen dadas por su condición de seres humanos.

Sin embargo, no es esta visión la que dejan traslucir los sectores más liberales de la sociedad, que invocan al "gasto" generado a los servicios públicos, sobre todo los relacionados con la salud, por parte de los inmigrantes indocumentados, o al supuesto "efecto llamada", atraídos por el welfare state de los países desarrollados. Estos y otros mitos en torno a la inmigración ilegal contaminan el debate público y van horadando valores como la solidaridad, que son consustanciales a los pueblos del mediterráneo.

Frente a esto se puede alegar que diversos estudios científicos realizados en España y otros países vienen a demostrar que los inmigrantes utilizan los servicios sanitarios con igual o menor frecuencia que la población autóctona.

Pero la amenaza que el liberalismo radical ve en la inmigración no está relacionada con aspectos concretos como los referidos, sino que más bien está dirigida a la esencia de sus principios, que ya empiezan a calar en parte de nuestra sociedad: el individualismo, la insolidaridad, el Estado mínimo y el control de la opinión pública en favor de mantener el ideario de la libertad absoluta del individuo.

Una excusa que, como relata Zygmunt Bauman en su libro Extraños llamando a la puerta, ha servido a ciertos sectores políticos para inculcar a la población el miedo hacia los "extraños".

Frente a ello, es obligado hacer una reflexión sobre el derecho a la libertad y la dignidad de los seres humanos, al valor de la solidaridad y la conciencia social, así como la necesidad de poner en marcha los instrumentos legales y políticos para favorecer unas condiciones de vida digna para todos.

Un paso en este sentido es la aprobación del Real Decreto que nos devuelve la sanidad universal.