Coronavirus y gasto público

A estas alturas del estadio de la pandemia, nadie ignora que, como consecuencia de la crisis desatada, tanto el Gobierno central como los gobiernos regionales de nuestro país han realizado un despliegue de recursos financieros públicos sin precedentes, con la elaboración de forma rápida de planes de apoyo en el ámbito sanitario, económico y social.

Tampoco somos ajenos a que, por necesidad, los controles internos sobre el gasto público han sido menos estrictos, relajándose los controles previos en favor del control financiero posterior. Aunque esta relajación en los controles es comprensible, y hasta necesaria, dada la urgente necesidad de apoyar a amplios sectores de la sociedad, también lo es la consiguiente preocupación de que algunos de estos esquemas estén sujetos a fraude o mal uso. Ello ha llevado a algunos países europeos, como destaca Acountancy Europe en un reciente informe, a adoptar medidas específicas al respecto.

En circunstancias excepcionales, como las que estamos viviendo, los requerimientos de la auditoría interna en el sector público pueden flexibilizarse de manera temporal, pero seguro que coincidirán conmigo en que, en estas situaciones, el desafío está en buscar un equilibrio entre la necesidad de reaccionar con rapidez y la necesaria consideración de la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad en el manejo de los fondos públicos. Como recuerda la Iniciativa de Desarrollo INTOSAI, en su informe Rendición de Cuentas en Tiempos de Crisis, la experiencia derivada de pandemias y desastres anteriores evidencia que las respuestas rápidas pueden producir mayores niveles de despilfarro, mala gestión y corrupción en un momento en que los recursos del Gobierno están sometidos a una presión crítica.

Todo hace pensar que tras la crisis del coronavirus el panorama que se presenta para las cuentas públicas no es demasiado alentador. Los gobiernos se encuentran atrapados entre la necesidad de elevar el gasto, ya sea en sanidad, infraestructuras, beneficios sociales o ayudas económicas a las empresas, y una más que previsible reducción de la recaudación impositiva, por lo que las cifras récord de endeudamiento o la necesaria sostenibilidad de las finanzas públicas volverán a estar en la primera línea del debate. En este escenario, las funciones de control que las instituciones fiscalizadoras, como la Cámara de Cuentas de Andalucía, tienen atribuidas adquieren una especial relevancia y pueden agregar valor. El punto de partida de sus actuaciones fiscalizadoras, a incluir en el oportuno Plan de Actuaciones o programa de trabajo, habrá de ser las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para abordar el impacto del Covid-19. Estas medidas gubernamentales incluyen, entre otras, gestión y coordinación de la crisis; regulación de emergencia y procedimientos de gestión financiera; medidas de control del contagio; fortalecimiento de la capacidad del sistema de salud, incluyendo las compras públicas; paquetes de estímulo económico; medidas de protección social; nuevos préstamos y subvenciones.

Las operaciones que conllevan estas medidas tienen asociadas un conjunto de riesgos que, sin duda, habrá que considerar en las auditorías que se realicen, relacionados principalmente con:

l Debilitamiento de los sistemas y rutinas del control interno.

l Fraude y corrupción en actividades de emergencia, tales como activos inexistentes o trabajadores fantasmas.

l Aumento del hackeo y phishing debido al debilitamiento de la seguridad cibernética.

l Brechas o duplicidades en la financiación entre unidades del gobierno que desempeñan actividades similares.

l Adquisiciones de emergencia sin cumplir los procedimientos previstos.

l Procedimientos urgentes de selección de personal sin respetar los principios de publicidad, mérito y capacidad.

l Falta de coordinación de las acciones y ausencia en claridad de responsabilidades.

l Falta de recopilación sistemática de información y manejo de datos.

l Efectos de los paquetes de medidas en términos de estímulo de la economía, protección de los grupos vulnerables y aseguramiento de la igualdad de género e inclusión.

Resulta evidente que, la pandemia del Covid-19 plantea grandes desafíos y está requiriendo una fuerte implicación de las administraciones públicas, lo que genera, a su vez, un gran impacto en la gestión y en el gasto público. Es un deber y un compromiso de la Cámara de Cuentas de Andalucía mantenerse atenta a los nuevos retos y a los asuntos emergentes, y atender a las demandas del Parlamento y de la sociedad, reforzando los controles de legalidad, financieros y operativos, buscando nuevas soluciones y recomendando medidas que, desde el ámbito de la normativa o de las prácticas de gestión, redunden en la mejora de la gestión. Para cumplir con este compromiso estamos realizando una apuesta decidida por la modernización y la implantación de las Tecnologías de la Información, que nos está permitiendo afrontar con celeridad y eficacia esta situación extraordinaria, reiterando la voluntad de continuar en este empeño.