El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto de modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con el que se alargarán los contratos de alquiler y se acotarán aún más sus fianzas, pero no se limitarán los precios de los mismos, tal como era la exigencia de Podemos, principal socio parlamentario de los socialistas. En general, la reforma de la LAU es comedida y busca dar mayor estabilidad y seguridad a los arrendatarios, pero sin vulnerar el lógico derecho del arrendador a conseguir unos beneficios a su propiedad inmobiliaria. Desde ahora, la duración de los contratos, que la modificación que hizo el PP de la LAU en 2013 dejó en tres años, pasa a ser de cinco años, siete en el caso que el arrendador sea una persona jurídica. Con esta medida se da un mayor horizonte y seguridad a los que se deciden por el alquiler, opción que lleva aparejados unos gastos que no se deben desdeñar (mudanza, fianzas, puesta a punto de la casa, etcétera). El alquiler en España, aunque en alza en los últimos tiempos, no tiene la importancia que en otros países europeos, donde las generaciones más jóvenes prefieren dedicar su capacidad de endeudamiento e inversión a la alta formación o al emprendimiento, y no a la adquisición de una vivienda que les supone un auténtico lastre económico y dificulta su movilidad laboral. Por tanto, mejorar las condiciones de alquiler es, también, mejorar las posibilidades económicas y profesionales de los jóvenes. En este sentido, también redundará positivamente la limitación del aval a dos meses de la renta mensual.

El Gobierno, asimismo, acierta al no ceder frente a las presiones de Podemos para que limitase por ley los precios de los alquileres, lo que supondría una inadmisible y perjudicial intromisión política en el mercado inmobiliario. Cierto es que, a veces, nos encontramos con noticias de subidas abusivas de precios que condenan al desahucio a personas vulnerables, pero la solución a estos problemas concretos debe venir de la mano de las políticas sociales (ayudas al alquiler, pisos sociales, etcétera) y no del intervencionismo de los mercados. También hay que recordar la responsabilidad en este asunto de las autonomías y los ayuntamientos, sobre todo llevando a cabo una mejor regulación de los llamados pisos turísticos, que en los últimos tiempos se han convertido en auténticos elementos distorsionadores de los precios inmobiliarios en las ciudades.

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