La oportunidad de Andalucía con el hidrógeno

La comunidad tiene a su alcance ser referente en este cambio de paradigma energético pero deben darse pasos para que exista la normativa necesaria

La presentación esta semana del proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, en el que la multinacional de origen español Cepsa va a invertir 3.000 millones para construir dos plantas de producción de hidrógeno verde en sus parques energéticos de Huelva y del Campo de Gibraltar, ha vuelto a poner de manifiesto la gran oportunidad que la comunidad andaluza tiene como territorio clave en la producción de este vector energético. Tanto la Comisión Europea como el Gobierno de España han establecido sendas estrategias del hidrógeno verde como una fuente de almacenamiento energético a largo plazo y como combustible para electrificar el transporte pesado o colectivo, incluso el aéreo, para poder permitir que la economía sea neutra en carbono en 2050. El hidrógeno verde es el que se produce mediante electrólisis usando exclusivamente energía eléctrica de origen renovable. Son los potentes recursos solar y eólico, además de su territorio disponible y su situación geoestratégica, los que hacen de Andalucía un lugar relevante en el que desarrollar proyectos. Queda en el aire si habrá suficientes recursos hídricos para hacerlo viable. El citado de Cepsa u otros ya en marcha, como en el que se han unido Iberdrola y Fertiberia, también en Huelva, demuestran que esta apuesta es ya una realidad que va a obligar a una profunda transformación a la industria. Empresas andaluzas especializadas, como H2B2 o Lean Hydrogen, e ingenierías, caso de las sevillanas Inerco o Ghenova, trabajan en hacer realidad esta transformación en todo tipo de industrias a lo largo del mundo. Andalucía tiene una oportunidad única de ser referente en este cambio de paradigma que atraerá miles de millones de euros de inversión: sólo la Hoja de Ruta del Hidrógeno prevé instalar cuatro gigavatios hasta 2030. Pero para lograr que se ejecute hace falta también que las administraciones, singularmente la comunitaria y la estatal, den certeros pasos para establecer la regulación necesaria para ordenar esa transición con normativa ad hoc.

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